El Tribunal de Cuentas ha admitido nueva documentación en la causa judicial que investiga la información contable del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y del proyecto Castor a la busca de posibles irregularidades en el proceso información favorable al almacén de gas. Además, ha dado un plazo de cinco días al Abogado del Estado y a la Fiscalía para que presenten las correspondientes alegaciones.

La investigación, que surge a partir de la denuncia de una empresa de ingeniería (CITA), surge después de que se hayan registrado 500 seísmos en el entorno del Castor y también fue trasladada en similares términos a la Fiscalía de Castelló, a la cual se le pide que indague en una posible relación entre el Castor y las supuestas irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas en su informe de fiscalización del Instituto Geológico y Minero de España respecto al año 2008, aprobado el 25 de julio de 2013.

El escrito de denuncia alega que en la primera de las 16 conclusiones del citado informe del Tribunal de Cuentas se indica textualmente: «La gestión que realiza el IGME de los convenios de colaboración y de los proyectos técnicos realizados en ejecución de los mismos no permite conocer su coste ni por tanto el valor de los productos de los respectivos trabajos, lo que podría dar lugar a que el IGME hubiese obtenido un exceso indebido de financiación y que hubiese pagado, complementos de productividad por importe no justificado».

Mientras tanto, por su parte y de forma paralela, la sección de medio ambiente de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Castelló sigue investigando de oficio en los expedientes de las autorizaciones del Ministerio de Medio Ambiente al proyecto Castor ante posibles indicios de delito.