La nueva reforma de la administración local, en vigor desde el 1 de enero, deja en el aire la continuidad de los servicios sociales y de empleo que desde los albores de la democracia promueven los ayuntamientos de Castelló. Según la normativa, los consistorios tienen un plazo de dos años para ceder las competencias sociales y de empleo a la Generalitat Valenciana, pero el Consell sólo conservará estas funciones si aprueba consignación presupuestaria. Las que carezcan de financiación autonómica no podrán ser asumidas por el propio consistorio, como sucede ahora, y habrán de cerrar.
La ley de régimen de bases local acota las competencias municipales por primera vez en 30 años con el fin de evitar supuestas duplicidades entre administraciones y conseguir un ahorro en las arcas municipales. Para ello, los municipios han de ceder las competencias denominadas «impropias» de bienestar social, educación y sanidad a la Generalitat. Podrán continuar con las mismas con delegación de la autonomía pero siempre que esta última garantiza consignación presupuestaria. Las funciones de un ayuntamiento quedarán limitadas a las áreas de urbanismo, medio ambiente, exclusión social, Policía Local, tráfico, protección de la salubridad pública, promoción del deporte, cultura y turismo e inspección de actividades comerciales.
El Ministerio de Hacienda ofrece varios plazos para materializar los cambios competenciales. El ayuntamiento tiene hasta diciembre de 2015 para traspasar a la comunidad autónoma las áreas de bienestar social y empleo, mientras en educación y salud el periodo de adaptación se amplía a los cinco años.
Castelló confía en mantener los mismos servicios sociales en 2015 que en la actualidad, pero con las restricciones de la nueva ley se vislumbra complicado. La reforma local excluye las ayudas de emergencia social (gastos básicos en alimentación, luz, alquiler e higiene), que este año disponen de un presupuesto de dos millones de euros, pero la supervivencia del resto de programas dependerá de la voluntad de la Generalitat Valenciana. El ejecutivo valenciano financia en la actualidad parte del programa social y de empleo, pero con la nueva ley esta financiación es de obligado cumplimiento. Y el Consell se encuentra inmerso en un plan de ajustes del gasto ordinario que, por ejemplo, ha comportado un aumento del copago de las residencias de discapacitados.
El presupuesto en bienestar social del Ayuntamiento de Castelló se sitúa en 2014 en los ocho millones sin tener en cuenta emergencia social. Entre otras partidas sociales y de empleo, cabe destacar que atención a la dependencia dispone de 1,6 millones de euros; coordinación de programas de servicios sociales, 1,3 millones; y la agencia de desarrollo local, con casi 1 millón de euros. Asimismo, hay consignados 500.000 euros en el negociado de familia e infancia, 400.000 euros en el servicio de igualdad de oportunidades, 150.000 euros en inmigración y convivencia social y 140.000 euros en gabinete de prevención de trastornos adictivos.
Las competencias de educación incluyen las escuelas infantiles o el mantenimiento de colegios y su presupuesto anual asciende a los cuatro millones de euros. Los servicios de sanidad comprenden una ambulancia Samu municipal o recogida de animales.
