La alerta desatada por la inducción de 540 terremotos en el entorno del almacén submarino de gas Castor, ubicado a 21 kilómetros de la costa de Vinaròs, ha desatado un controvertido debate a todos los niveles que resonado de forma especial en el ámbito científico.
Un ejemplo de ello es la divergencia de opiniones que se ha sembrado en el seno del Ilustre Colegio de Geólogos, que incluso ha querido realizar una encuesta entre sus asociados para conocer su opinión sobre las declaraciones públicas del colegio durante la crisis del Castor.
El resultado evidencia que incluso entre los científicos se da una disparidad de puntos de vista, ya que un 60 % de los encuestados responde que está en desacuerdo con la postura pública del Colegio de Geólogos, que durante varias semanas fue un referente a la hora de aportar un análisis científico en los medios de comunicación.
El 40 % restante sí comparte las manifestaciones públicas de los portavoces del colegio, que en todo momento ha intentado extremar la cautela y ser diplomático, lo cual le ha llevado a una posición en ocasiones incluso ambigua.
De uno u otro modo, la encuesta saca a relucir que el debate sobre la plataforma Castor (todavía clausurada a la espera de que el Ministerio de Industria tome una decisión) no está todavía en absoluto cerrado y sigue habiendo falta de consenso dentro de la comunidad científica.
La cuestión clave sobre la que aún discrepan los científicos es si una nueva inyección de gas podría desatar nuevos terremotos de relativa intensidad y hasta qué punto el impacto de dichos seísmos supondría un riesgo para la seguridad de las personas, los bienes materiales y el medio ambiente. Según cuál sea la respuesta más aceptada para esta pregunta, el Ministerio de Industria decidirá el cierre definitivo o la reapertura de una infraestructura que ha costado 1.700 millones de euros.
El Ministerio de Industria espera recibir en abril cinco informes encargados por la empresa Escal UGS a tres colegios profesionales de España (Geólogos, Ingenieros de Minas e Ingenieros de Caminos) -y a dos entidades internacionales- para decidir si ordena el cierre definitivo o si, por el contrario, se arriesga a autorizar la reapertura de la planta pese a los 538 terremotos inducidos.
De este modo, Industria no considera suficientes los informes requeridos en septiembre al Instituto Geográfico Nacional y el Instituto Geológico y Minero -ya en manos de Industria- y ha aceptado la petición de Escal para que se preste una especial atención a sus informes de parte, que han sido encargados a las entidades que la concesionaria consideró más oportunas.
