El Ministerio de Industria ha confirmado esta semana que sigue negándose a facilitar al Parlamento español y a los diputados de la oposición los informes técnicos sobre los 540 seísmos supuestamente inducidos por el almacén de gas submarino Castor en Vinaròs.
Además, el ministerio también se niega a entregar la auditoría económica que explica por qué se elevó el coste previsto en la concesión de 500 a 1.300 millones de euros (Industria ha llegado a valorarlo en 1.700 millones de euros).
Dicha auditoría fue encargada por el Gobierno incluso antes del episodio de terremotos. Según explicó el propio ministerio, el objetivo era «verificar que la documentación suministrada por el promotor refleja una imagen fiel de la realidad, que sus decisiones han estado justificadas por la búsqueda de la solución técnica adecuada, bajo los principios de transparencia, concurrencia y mínimo coste, así como para determinar el valor normal de mercado de aquellos conceptos no contratados bajo fórmulas concurrenciales».
Así consta en las respuestas parlamentarias que remitió Industria a preguntas del diputado de Compromís Joan Baldoví, que reclamó junto a otros parlamentarios la auditoría económica y los informes del Instituto Geográfico Nacional y del Instituto Geológico y Minero sobre el episodio que desató cerca de 540 terremotos junto a Vinaròs.
Dichos informes ya están en manos del Ministerio de Industria, que simplemente se limita a no facilitarlos y dilatar la decisión sobre el cierre definitivo o la reapertura de la planta Castor.
El ministerio alega que ha solicitado terceros informes externos y sigue aplazando desde finales de septiembre (durante más de 6 meses) la solución a un complejo dilema entre el riesgo de nuevos episodios de seísmos y la amenaza de una indemnización de hasta 1.700 millones de euros a la concesionaria Escal UGS, propiedad del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.
En relación a los mencionados estudios, elaborados por técnicos de organismos públicos, Industria ha aportado al parlamento información desfasada en la que aduce que aún no dispone de los mencionados informes, a pesar de que fuentes ministeriales han confirmado que ya han sido recibidos y registrados oficialmente por el ministerio. A este respecto, Industria tampoco pudo aclarar a preguntas de este diario por qué motivos se opta por silenciar el contenido de los informes incluso a la mesa del Congreso y a sus diputados. Por lo pronto, la actividad cumplirá a finales de abril un periodo de 7 meses de paralización cautelar.
