El ministro de Industria, José Manuel Soria, aseguró ayer a la agencia EFE que cerrará definitivamente el almacén de gas Castor si expertos de la Universidad de Standford y del Massachussets Institute of Technology (MIT) corroboran el informe del Instituto Geográfico Nacional (IGN), que concluye que los 540 terremotos registrados en dos meses en Vinaròs (con magnitudes de hasta 4,2 grados en la escala de Richter) sí fueron provocados por la inyección de gas del Castor.
De este modo, el ministro cambia ahora su discurso y condiciona su decisión a la confirmación de la relación causa-efecto, cuando unos meses atrás ya había asumido públicamente que los seísmos sí estaban vinculados con la plataforma Castor.
En aquel momento, Soria únicamente se comprometió a cerrar la planta si no se garantizaba que su reapertura no provocaría nuevos terremotos, algo que los técnicos del Instituto Geológico y Minero (IGME) y del Instituto Geográfico ya han asegurado que no se atreven a garantizar al 100%.
En ocasiones Soria hablaba de garantías de que no habrán nuevos terremotos. En otras, matizaba que se abriría si habían garantías de que no habrían seísmos peligrosos para la población.
Estas dos variables son también las que hasta ahora ha esgrimido la Generalitat Valenciana. Por su parte, la Diputación de Castelló sí se posicionó en la exigencia de que no se genere ni un sólo nuevo terremoto inducido (independientemente de la magnitud).
En este contexto, el ministro de Industria rompió ayer la baraja al asegurar que la decisión de reanudar la actividad «está pendiente de un estudio que están llevando a cabo expertos de la Universidad de Standford y del MIT» y que, dichos estudios reconfirman la relación con los seísmos, «desde luego no se volverá a abrir».
Con esta afirmación contundente, el ministro intentó capear el temporal de críticas por haber silenciado desde diciembre el contenido del informe del IGN, que establece de forma concisa una relación causa-efecto.
Cierto es que el informe también recomienda más estudios de expertos, aunque especialmente encaminados a esclarecer las características y localización de la falla que provocó los terremotos, ya que los técnicos del IGN trabajan con la hipótesis de que se trató de una falla no cartografiada y de características desconocidas.
A este respecto, Soria no explicó por qué durante 6 meses ha silenciado al congreso el informe del IGN y se limitó a explicar que en dicho documento «había una remisión a la necesidad de contar con algunos expertos internacionales para poder completar la visión del propio instituto» y mencionó por primera vez al MIT y a Standford. El Ministerio de Industria no considera suficientes los informes independientes de organismos públicos como el IGN y el Instituto Geológico y Minero; y además ha aceptado que la empresa concesionaria (Escal UGS) le presente cinco informes de parte encargados por la empresa del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, a tres colegios profesionales de España (Geólogos, Ingenieros de Minas e Ingenieros de Caminos) y a las dos entidades internacionales cuya identidad desveló ayer el ministro.
Altos cargos en el punto de mira
La diputada autonómica de Esquerra Unida y candidata a las elecciones europeas, Marina Albiol, entregó ayer a la Fiscalía de Castelló copia del informe del Instituto Geográfico Nacional (IGN) por si lo considera relevante para «determinar si hay responsabilidades penales de la empresa o de los anteriores gobiernos central y autonómico, ya que entendemos que le facilitaron las cosas a la empresa, que no le pidieron el estudio sismológico necesario e hicieron la vista gorda anteponiendo los intereses de Florentino Pérez a la seguridad de las personas, el medio ambiente, el turismo y el sector pesquero».
Albiol exigió el cierre definitivo y que sean los políticos quienes paguen los 1.700 millones que cuesta la planta. «Que los pague la empresa o, en todo caso, quien firmó la cláusula y los responsables (o Aznar o Zapatero, Sebastián, Salgado o Camps, pero no las arcas públicas».
