El informe del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) que vincula al almacén Castor los 540 terremotos registrados en Vinaròs también concluye que sus científicos no pueden arriesgarse a asegurar que no se desatarán nuevos seísmos si se reabre la plataforma y se reanudan las inyecciones de gas, según confirmaron ayer fuentes próximas al Instituto Geológico y al Ministerio de Industria.
Este posicionamiento aviva aún más la incertidumbre sobre una hipotética reapertura y evidencia que, por el momento, -y salvo que otros científicos quieran decir lo contrario- no se dan los requisitos que habían exigido tanto el Gobierno como la Generalitat Valenciana y la diputación para la reapertura: la total garantía de que habrá riesgo de nuevos seísmos inducidos por el Castor.
Es más, el propio Ministerio de Industria matizó esta semana su posicionamiento para asegurar que cerrará definitivamente el almacén si dos estudios de la Universidad de Standford y del Massachusetts Institute of Technology corroboran los informes del Instituto Geográfico Nacional y del Instituto Geológico y Minero, que en ambos casos concluyen que hubo una relación causa-efecto entre la inyección de gas y los terremotos.
Los científicos del IGME consideran que aún no disponen de suficientes datos e información sobre el subsuelo marino (lo cual podría necesitar costosos estudios durante meses o incluso años) para poder asegurar que una determinada inyección de gas, y bajo ciertas circunstancias, no causaría otro episodio de temblores de tierra.
No en vano, la complejidad geológica de la zona se antoja elevada y todavía persisten ciertas incógnitas sobre la naturaleza del antiguo yacimiento de petróleo en el que se instaló el almacén de gas Castor, situado a 21 kilómetros de la costa de Vinaròs y a 1.700 metros de profundidad bajo el fondo marino; y cuyo coste ha superado los 1.700 millones de euros con cargo a fondos públicos.
Este espacio subterráneo, que fue explotado durante la década de los 70 y de los 80 por la multinacional Shell -y posteriormente abandonado-, queda limitado por la gran Falla de Amposta (catalogada por el propio IGME como activa y con un potencial para generar seísmos de hasta 7.1 grados en la escala de Richter cada 53.000 años).
Sin embargo, los informes del IGN y del IGME consideran que no fue la falla de Amposta la que se activó, sino otra depresión hasta la fecha desconocida y de menores dimensiones, y por lo tanto con un potencial también menor para generar terremotos. Aún así, esta falla (ahora localizada y documentada por el IGME) ya ha sido capaz de generar seísmos de hasta 4.2 grados y que han sido sentidos por la población de más de medio centenar de municipios costeros.
Benicarló, Sant Carles, Ulldecona y Alcanar exigen el cierre
Los ayuntamientos de Benicarló, Sant Carles de la Ràpita y Ulldecona, y el primer teniente de alcalde de Alcanar, se reunieron ayer en Benicarló para reclamar al Ministerio de Industria que les remita toda la información relativa al proyecto Castor.
A la cita no acudieron ni el primer edil de Peñíscola, Andrés Martínez, que alegó que tenía previsto participar en la celebración de San Isidro en Peñíscola, ni tampoco el primer munícipe de Vinaròs, Juan Bautista Juan, quien declinó participar en la reunión para «no dañar los intereses turísticos de la ciudad».
Los alcaldes insisten en la paralización de la planta y piden su desmantelamiento si los informes todavía pendientes relacionan los terremotos con la inyección de gas. El alcalde de Benicarló, Marcelino Domingo, el alcalde de Sant Carles de la Ràpita, Joan Martín, la alcaldesa de Ulldecona, Núria Balagué, y el teniente alcalde del Ayuntamiento de Alcanar, Manuel Martí, acordaron ayer en Benicarló reclamar «inmediatamente» al Ministerio de Industria toda la información relativa a las causas de los terremotos que afectaron a la zona los pasados meses de septiembre y octubre.
Los cuatro representantes municipales reprocharon al ministerio que no les hubiera enviado el informe del Instituto Geográfico Nacional (IGN), que han conocido a través de los medios de comunicación, y acordaron enviar un escrito conjunto que harán llegar también a las delegaciones del Gobierno de Cataluña y la Comunitat Valenciana y a las subdelegaciones de Castelló y Tarragona. Los representantes de Benicarló, Sant Carles de la Ràpita, Ulldecona y Alcanar también exigirán que prosiga la paralización de la planta.
