La compañía Escal UGS ha logrado salvar las dificultades para cumplir el 30 de junio el pago previsto de 21,3 millones de euros a los bonistas -que financiaron el proyecto con 1.400 millones -y ha allanado el camino antes de la reunión del lunes 7 de julio en la que pedirá a los inversores que apoyen su solicitud de renuncia a la concesión, según fuentes próximas a la compañía.
Este pago fue formalizado por Escal ya el pasado 25 de junio, pero un malentendido originó un retraso en el cobro que desató la alerta entre los inversores.
No en vano, los bonistas ya estaban preocupados por la última calificación de Fitch Ratings, que rebajó los activos a la condición de «bonos basura» y advirtió que la empresa podría no ser capaz de responder a los pagos comprometidos con los bonistas, especialmente en referencia a los previstos a partir del 30 de noviembre.
Finalmente el cobro se ha efectuado y Escal se encargó ayer de remitir un comunicado interno a sus inversores para tranquilizarles y demostrar su solvencia.
Este cumplimiento resulta clave para afrontar la conferencia de inversores del lunes 7 de julio -inicialmente convocada para el viernes 4 de julio-. El respaldo de los inversores en dicha reunión será decisivo para que Escal pueda llevar adelante su estrategia ante el Gobierno, que ya ha admitido que, si los inversores y el BEI aprueban la renuncia, no tendrá más remedio que someterse a las cláusulas del contrato aprobado por real decreto e indemnizar a la concesionaria.
De uno u otro modo, las estipulaciones del proyecto Castor son aparentemente favorables a la empresa del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ya que el BEI y los inversores sólo podrán rechazar la petición de Escal UGS si logran un 75% de las votaciones con un mínimo quorum del 50% de los inversores.
En este escenario, la palabra del Banco Europeo de Inversiones podría ser determinante, ya que la entidad es poseedora del 33% de los bonos y su beneplácito sería suficiente para aprobar la renuncia de Escal. En supuesto contrario, el BEI todavía tendría que lograr el apoyo de otro 42% de los inversores para poder frenar la solicitud. No obstante, la incertidumbre por el cierre indefinido de la plataforma -unido al riesgo de que Escal no pueda hacer frente a los pagos- podrían ser argumento suficiente para que los inversores sea receptivos a la renuncia y la recuperación del dinero gracias a una indemnización del Gobierno. En el escenario opuesto, el rechazo de la renuncia por parte de los inversores activaría otra cláusula que exime a Escal de la obligación de devolver los bonos por 1.400 millones de euros y limitaría su responsabilidad a 130 millones.
Una calificación a la baja
Los analistas de Fitch Ratings emitieron el pasado 20 de junio un nuevo informe que concluye que, lejos de mejorar, las perspectivas del proyecto Castor han empeorado con la salida a la luz de los informes del Instituto Geográfico Nacional y el Instituto Geológico y Minero Español (silenciados durante 6 meses por el Gobierno), los cuales confirman la relación causa-efecto de la inyección de gas con los 540 seísmos registrados en Vinaròs. Según Ficth, «puede llevar un largo tiempo al Gobierno llegar a una opinión conclusiva» sobre la conveniencia autorizar la reapertura del almacén o de ordenar un cierre definitivo. Por todo ello, Ficth ya anticipó la posible renuncia de Escal.
