El último informe de la agencia evaluadora Fitch Ratings advierte que el Gobierno está obligado a resolver en noviembre la indemnización de 1.380 millones de euros a la gestora del almacén de gas Castor, Escal UGS, que renunció en julio a la concesión tras 10 meses de cierre del almacén debido al riesgo de terremotos.
La empresa de Florentino Pérez ha forzado la aplicación del contrato que le permitía renunciar en cualquier momento a la concesión y ser indemnizada por el coste de la instalación, de modo que deja el problema del almacén en manos del Gobierno después de haber desatado en la zona de Vinaròs 540 seísmos de hasta 4,2 grados en la Escala de Richter.
Por su parte, el Ministerio de Industria ya ha admitido que no tendrá más remedio que aceptar y pagar, pero todavía no ha sido capaz de explicar cómo obtendrá los 1.380 millones de euros que debe abonar a la concesionaria del Castor, una cantidad que podría incrementarse si se suman los costes de puesta en funcionamiento y mantenimiento de la instalación.
El precio que deberá asumir el Gobierno podría aumentar otros 297 millones en caso de desmantelamiento de la plataforma. De lo contrario, el ministerio tendría que pagar el mantenimiento de un almacén de gas subterráneo no operativo, pero que igualmente necesitaría una inversión constante para mantener la seguridad. A este respecto, Industria sigue sin desvelar cuál será su decisión.
En este contexto, la evaluadora Fitch Ratings mantiene los bonos del proyecto Castor (1.400 millones repartidos entre accionistas nacionales e internacionales) en una valoración negativa que los sitúa en la jerga de los mercados como «bonos basura».
Cualquier retraso del Gobierno español a la hora de aprobar los términos de la compensación (más allá del 30 de noviembre) pondría en una delicada situación a la empresa Escal UGS y también al Banco Europeo de Inversiones, que había confiado en el almacén Castor hasta el punto de convertirlo en el primer proyecto piloto del «Europe 2020 Project Bond», una iniciativa estratégica de la Unión Europea para promover inversión privada en infraestructuras públicas, destinadas principalmente a energía y a lograr los objetivos europeos de cambio climático para 2020.
No en vano, según los informes de los analistas de Fitch, Escal UGS debe devolver al completo los 1.400 millones de euros aportados por los bonistas antes del 31 de diciembre, un plazo que Fitch considera inviable a menos que el Gobierno cumpla su obligación de indemnizar a la concesionaria. De hecho, la incertidumbre es tal que la agencia ya ha advertido que volverá a devaluar la calificación de los bonos si el Gobierno de España incumple su obligación de resolver la cuestión antes del plazo límite fijado para el 30 de noviembre.
Mientras tanto, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y la Comisión Europea han sido incapaces de lograr que el Gobierno de España desbloqueara el almacén de gas Castor y evitara así el fracaso del primer proyecto piloto del «Europe 2020 Project Bond». A menos que el escenario dé un giro de 180 grados, el cierre de Castor ha puesto en entredicho uno de los proyectos estrella de la Comisión Europea llamado a reactivar las infraestructuras públicas, lograr los objetivos del cambio climático y ayudar a transformar el escenario de crisis en Europa incentivando la inversión privada.
