El actual Gobierno de Mariano Rajoy amplió en 2012 el blindaje de la cláusula de renuncia e indemnización millonaria a la concesionaria del proyecto Castor (Escal UGS) y la extendió de 5 a 25 años, lo cual ha permitido a la empresa de Florentino Pérez utilizar el derecho de renuncia y reclamar la compensación de 1.460 millones de euros, según consta en la documentación aportada por la empresa a los bonistas y al Banco Europeo de Inversiones (BEI).
La ampliación de esta cláusula aportó más garantías de indemnización a la empresa del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y fue aprobada por el actual ministro de Industria, José Manuel Soria, que pese a ello había culpado únicamente al PSOE de las cláusulas de indemnización del proyecto Castor.
De hecho, sin dicha ampliación el derecho de renuncia habría expirado en mayo de 2013 (5 años después de la concesión aprobada por Real Decreto en 2008) y Escal UGS no habría podido reclamar la indemnización en los términos y tiempos que ahora lo ha hecho.
De este modo, la revisión del contenido de los contratos (algunos de ellos silenciados a la opinión pública hasta ahora) evidencia que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no fue el único que arropó a Florentino Pérez con cláusulas de garantías de cobro (incluso en caso de dolo y negligencia o de renuncia), ya que estas condiciones fueron incluso mejoradas por el Gobierno del Partido Popular en 2012.
Así lo expuso textualmente la compañía Escal a sus inversores en documentación interna que también obra en manos del Banco Europeo de Inversiones. «Si el concesionario requiere la terminación del acuerdo de concesión del almacén subterráneo de gas dentro de los 25 años posteriores a su fecha efectiva (este derecho tenía originalmente una vigencia máxima de 5 años pero fue incrementado a 25 años en 2012), en opinión del prestatario (Escal UGS) las inversiones realizadas durante el periodo deberían, en cualquier caso, ser compensadas al menos por el valor neto de las instalaciones que deberían revertir a la autoridad (Gobierno de España), siempre y cuando dichas instalaciones continúen siendo operativas».
Los términos del contrato indican que el ministro Soria mejoró las cláusulas de indemnización y otorgó un periodo que ha dado mayor tranquilidad a la concesionaria para jugar sus bazas y presentar la renuncia, la cual no habría podido hacerse efectiva después de mayo de 2013, momento en el que Escal aún estaba pendiente de negociaciones con el Ministerio de Industria y de los informes sobre el periodo sísmico que desató 550 terremotos en la costa de Vinaròs. De uno u otro modo, la rápida decisión del Gobierno de indemnizar a Escal UGS sin ni siquiera esperar a los informes sobre un posible dolo o negligencia (o a la resolución de la Fiscalía, que sigue dilatando su posicionamiento) ha permitido a la empresa de Florentino Pérez recabar en tiempo record el dinero necesario para retornar a los inversores que financiaron el proyecto con bonos por valor de 1.400 millones de euros. De igual modo, la decisión del Estado ha contentado a las agencias de calificación crediticia y al Banco Europeo de Inversiones, que respaldó el proyecto con 500 millones.
