El alcalde de Almassora, Vicente Casanova, se reunirá el martes en Valencia con los responsables de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat Valenciana (EIGE) para desbloquear definitivamente el desalojo del último bloque del Grupo B. El primer edil anunció que la solución a este conflicto enquistado ha avanzado, por lo que espera que el encuentro sea fructífero para decidir el futuro de las familias y poner fecha al derribo del número 167 de la avenida José Ortiz.
El realojo de los cuatro últimos inquilinos del Grupo B debería haberse producido al finalizar 2014. Sin embargo, las familias que agotaron sus contratos el 31 de diciembre han rechazado todas las alternativas de viviendas ofertadas por los Servicios Sociales, según fuentes municipales, y permanecen en el bloque al margen de la legalidad y sin las mínimas condiciones de habitabilidad aseguradas.
Sin embargo, el cese del intercambio de droga en esta zona ha eliminado la urgencia que tenía el derribo para el Ayuntamiento de Almassora en un primer momento, que finalmente no ha declarado la ruina del bloque. El foco de 'trapicheo' ya no existe en el Grupo B, en el que apenas resisten cuatro familias entre las que se cuentan algunos niños, por lo que los tiempos los marca ahora el Consell como único propietario del inmueble.
Las gestiones se han mantenido en este tiempo de forma discreta, si bien la preocupación por los posibles accidentes dentro del recinto se ha reducido en tanto que son las familias las responsables de mantenerse en el inmueble a pesar de los intentos por realojarlas.
Procedimiento
Los Servicios Sociales municipales continúan en contacto con el EIGE trabajando con las mismas premisas que en el inicio del conflicto: asegurar la asistencia a los moradores y canalizar el realojo de forma tranquila y sin situaciones traumáticas para los afectados. Aún así, ninguna de las partes quiere que el derribo del Grupo B se eternice. De hecho, es uno de los compromisos que el primer edil quiere resolver antes de dejar la alcaldía y una vez encarrilada la construcción del colegio Regina Violant y las obras de defensa y regeneración de la playa Benafelí.
La muerte de una mujer que ocupó ilegalmente el edificio y los numerosos problemas de delincuencia que sufrió el bloque años atrás convierten la demolición en una asignatura pendiente para zanjar la historia de marginalidad vinculada a la zona. De hecho, los operarios han tapiado los domicilios ya abandonados para evitar la entrada de nuevos moradores mientras el estado general del inmueble continúa su imparable degradación con el consiguiente riesgo de accidente para los moradores.
La precariedad de las instalaciones también es visible desde el exterior donde, entre otros desperfectos, las persianas de varios pisos han desaparecido o están hechas pedazos, los marcos de las ventanas y los cristales son cosa del pasado y el ir y venir de vecinos ha dado paso al silencio absoluto.
