El juzgado de instrucción número 4 de Castelló ha imputado al exalcalde de Cabanes, el popular Artemio Siurana, por el caso de la externalización de al menos 28 trabajos técnicos a una empresa vinculada al arquitecto municipal. También ha sido imputado el responsable de la firma que asumió las tareas investigadas. Ambos deberán prestar declaración el próximo 24 de junio por un presunto delito de prevaricación administrativa.
Las imputaciones de Siurana y del empresario vinculado al funcionario se unen a las de la actual alcaldesa Estrella Borrás y del propio arquitecto, que fueron interrogados por el juez que instruye el caso en enero. El juzgado de instrucción número 4 de Castelló estudia la contratación de diversos estudios técnicos entre 2008 y 2013.
El proceso se abrió a partir de una denuncia presentada por el portavoz de Units pel Poble-Compromís Carles Mulet ante la Fiscalía de Castelló, que continuó con una querella contra la alcaldesa Estrella Borrás. Posteriormente fue imputada en el marco de la investigación, al igual que el arquitecto municipal. El técnico fue acusado de favorecer la externalización de varios trabajos a una empresa vinculada con la que, según el denunciante, compartía despacho privado.
El caso se amplía ahora con las imputaciones de otras dos personas. Según destacó Carles Mulet, «entre 2008 y 2013 se adjudicaron cerca de 30 contratos por un valor que superarían los 200.000. Al menos uno de ellos contrato mayor, sin oferta pública y otros claramente fraccionados en varios para poder ser considerados obra menor». Durante este periodo fueron alcaldes Artemio Siurana, Francisco Artola y Estrella Borrás, todos ellos por el Partido Popular.
Según las pesquisas iniciadas por la Fiscalía de Castelló, «no se encontró por parte del secretario municipal ninguna causa que justificara la externalización de estas adjudicaciones, cuando podían haber sido realizadas por parte del arquitecto municipal». Para la Fiscalía, los hechos investigados revestían «los caracteres de un delito continuado de prevaricación, fraude y exacciones ilegales y negociaciones prohibidas a funcionarios».
En su declaración, Borrás admitió desconocer qué relación existe entre el arquitecto y el despacho técnico, con sede en Benicàssim, al que se externalizaron los trabajos investigados. La alcaldesa dijo que únicamente podía «responder» por los encargos hechos durante su mandato, que fueron el estudio del futuro campo de fútbol de Torre la Sal y el de la adecuación del almacén municipal con un valor total de 36.000 euros. Dijo que eran proyectos «reales y necesarios».
Sin relación societaria
Por su parte, el arquitecto aseguró haber compartido gastos de despacho con el responsable de la empresa, así como haber efectuado algún trabajo de manera conjunta aunque siempre fuera del término de Cabanes. Según el técnico, no han tenido ninguna relación societaria.
El denunciante Carles Mulet valoró ayer que la justicia es «lenta pero poco a poco va poniendo a las personas en su lugar. La posible trama corrupta tendrá que dar explicaciones ante los juzgados. Ya son cuatro los imputados por estas adjudicaciones y todavía esperamos medidas cautelares por parte del PP».
