La situación de irregularidad en la que se encuentra la zona de la Marjaleria de Castelló por la ausencia de ordenación urbanística mantiene constreñidas a sus más de 2.000 viviendas. Un centenar de las mismas sufren sanciones económicas por carecer de licencia. Ahora, el ayuntamiento ha empezado a embargar parte las cuentas de propietarios de edificaciones ilegales en virtud de las órdenes de derribo, según consta en uno de los recibos remitidos a uno de los afectados.
El consistorio le ha retirado un primer importe de 41 euros, que corresponde a la ejecución subsidiaria del derribo. Este proceso se materializa cuando no se ha ejecutado la demolición. Entonces, el consistorio asume esta medida y remite al afectado el coste de la misma. En este caso el precio del derrumbe está valorado en 38.000 euros, pero al no poder asumirlo el propietario, el ayuntamiento ha empezado a embargar una cantidad de sus cuentas.
La asociación de Unión por la Marjaleria denuncia que esta decisión es ilegal porque asegura que la familia dispone de recursos mínimos y percibe una pensión de 420 euros, menos del salario mínimo interprofesional.
Resalta que ya paga el expediente sancionador con recibos mensuales de 100 euros, cuya cantidad también ronda los 20.000 euros. Ahora se añade el expediente de ejecución subsidiaria que, afirma, «obviamente no podían pagar tal cantidad, y les ha llegado una notificación de embargo, cuando lo único que tienen es una ayuda de 420 euros al mes».
El proceso sancionador se divide en tres fases; primero se impone una infracción urbanística contra la supuesta construcción ilegal; en segundo lugar, se fija una multa que varía en función del tipo de edificación y metros cuadrados, y por último se establece una ejecución subsidiaria, que contempla el coste de los trabajos de derribo. Si no se abona, suma intereses por demora y puede incrementar la multa un 20 % más. Es lo que ha sucedido con el citado vecino de la Marjaleria, cuyo pago subsidiario ha aumentado de los 19.000 euros a los 38.000 euros.
«Si derriban se van a la calle (es su única vivienda) y además pagando el expediente sancionador. Si el expediente de ejecución subsidiaria sigue creciendo tendrán otra deuda para el resto de su vida, un estigma, una losa que les impedirá remontar su vida en esta España que, por otro lado, aprueba ley de segundas oportunidades para otros», lamentan desde Unión por la Marjaleria.
Los vecinos también denuncian que el ayuntamiento imponga multas, además de la ejecución subsidiaria.
El ejecutivo, tal como ha publicado este diario, tiene en curso un centenar de expedientes de derribo contra viviendas irregulares. De momento sólo se ha materializado uno, y lo hizo el propio propietario antes de ser apremiado por el ejecutivo local al ser más económico que los servicios los contrate él en vez del ayuntamiento.
Por otra parte, la justicia instruye una causa penal contra otro centenar de casas por un presunto delito contra la ordenación del territorio. Ha sido iniciada a instancias del colectivo ecologista Gecen.
El ayuntamiento insiste en que la ley le obliga a sancionar las construcciones que carecen de licencia. Algunas se encuentran en suelo protegido, y otras están en urbanizable pero las reformas acometidas en las mismas se consideran ilegales por la falta de regularización urbanística. Estas viviendas tienen prohibido impulsar ampliaciones hasta que no se activen los sectores urbanísticos que contempla el plan especial.
