El ministro de Industria, José Manuel Soria, aseguró ayer que la indemnización de 1.300 millones por el cierre del almacén Castor no tiene marcha atrás, ya que hay un real decreto que lo establece y una sentencia del Tribunal Supremo que lo ratifica, pese a las críticas de la Unión Europea a la compensación. En una entrevista en Catalunya Ràdio, y sobre la posibilidad de que el almacén Castor, situado frente a las costas de Vinaròs, retome su actividad, Soria dijo que dependerá de los informes que han de elaborar instituciones internacionales a petición de Enagás, el operador que se ha hecho cargo de la planta. «Se tienen que pedir informes adicionales de otras instancias internacionales para determinar si realmente en esta instalación, en el futuro, se podrá desarrollar esta actividad o no. En este último caso se tendrá que desmantelar», declaró Soria.
El ministro de Industria, Energía y Turismo sostuvo que el contrato del proyecto de almacén gasístico Castor «era un disparate», pero justificó el pago a la promotora Escal UGS de 1.350 millones en concepto de indemnización por una decisión del Tribunal Supremo (TS) que, ha dicho, debía cumplirse. Asimismo, Soria consideró que las prospecciones son necesarias porque España es energéticamente dependiente, aunque siempre «garantizando la seguridad».
Soria dijo que habrá un octavo plan Pive: «Lo trasladaremos al Consejo de Ministros de la semana que viene o la próxima. Es una inversión rentable», apuntó. El proyecto Castor comenzó sus operaciones en mayo de 2012, después de que el 10 de abril de ese mismo año se produjera la primera inyección de gas. Cabe recordar que el Ministerio de Industria demora desde hace más de un año la entrega de los dos informes de universidades estadounidenses sobre los terremotos del Castor que deben determinar si ordena un cierre definitivo de la planta y ha respondido al juez que no puede entregarle dichos estudios porque todavía no han sido elaborados, según confirmaron fuentes de la Audiencia Provincial próximas a la causa.
Ambos informes han sido reclamados en reiteradas ocasiones por la Fiscalía al entender que pueden resultar clave para esclarecer las responsabilidades derivadas de los más de 550 seísmos de hasta 4,2 grados en la escala de Richter desatados por la plataforma Castor, que ahora permanece hibernada a la espera de una decisión sobre su posible reapertura o cierre definitivo.
