El Ayuntamiento de Orpesa aprobó ayer una modificación de crédito por valor de 760.000 euros para hacer frente a dos sentencias judiciales desfavorables en materia de urbanismo. El pleno acordó destinar 200.000 euros para indemnizar a la empresa que levantó el edificio Portomar, que fue derribado en 2010 por irregularidades urbanísticas, y 560.000 euros para devolver las cuotas de urbanización que la constructora del sector R5-A, en concurso de acreedores, giró indebidamente a los propietarios.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ordenó en 2008 la demolición de un edificio en el complejo residencial Portomar, en la playa de la Concha, por irregularidades urbanísticas. El juzgado dio la razón a los vecinos demandantes en segunda instancia. El derribo se ejecutó en 2010. La empresa constructora exigió una indemnización al consistorio ya que este inmueble de tres plantas contaba con una licencia de obras municipal.
«La empresa demandó al ayuntamiento pidiendo unos costes de alrededor de 520.000 euros», explicó el concejal de Urbanismo Tomás Fabregat, que añadió que el juzgado rebajó el montante a 298.000 euros. El consistorio recurrió con un informe en el que el arquitecto municipal defendió que el coste de la indemnización estaba valorado en unos 200.000 euros. «Esperamos que el juzgado acepte este recurso», dijo Fabregat, que señaló que «cualquier equipo de gobierno con informes favorables solamente tiene una opción, dar la licencia».
Compromís presentó una enmienda para incoar un expediente con tal de pedir responsabilidades a los técnicos que emitieron la licencia de obras del edificio Portomar para que «respondan de los perjuicios causados a la corporación por su negligencia». La enmienda fue aprobada. «Estamos satisfechos por el acuerdo, es un primer paso para que se sepa que en Orpesa quien la hace, la paga», dijo el concejal de Compromís Josep Lluís Romero.
El concejal nacionalista recordó que la sentencia del TSJ que ordenó el derribo decretó que el inmueble tenía agotada la superficie edificable, incumplía la distancia a vecinos y vulneraba la altura máxima del edificio en función del ancho de la calle. «No se trata de diferencias de criterios de interpretación de las normas, sino de una deliberada infracción de la normativa», lamentó Romero.
Cuotas del R5-A
La corporación acordó destinar también 560.000 euros para cumplir con una sentencia que obligaba a la empresa constructora Comervi, encargada de las obras del sector R5-A, en Marina d'Or, a devolver las cuotas de urbanización. «El juzgado entendió que no se podía cobrar esa obra anticipada porque el proyecto modificado no estaba aprobado, aunque la obra estaba realizada», dijo Tomás Fabregat.
La mercantil cobró estas cuotas como obra anticipada, una decisión que los vecinos afectados recurrieron en 2008. Ahora, el TSJ valenciano ha emitido una sentencia en la que dicta que dichos cobros no fueron correctos. El Ayuntamiento de Orpesa, como codemandado, debe asumir esta indemnización ya que la constructora se encuentra inmersa en un concurso de acreedores.
Fabregat adelantó que el consistorio ejecutará el aval de 350.000 euros que depositó la constructora para hacer frente a estos pagos. El concejal de Urbanismo dijo que, cuando se apruebe el modificado del plan, «será en un plazo breve según me han informado los técnicos de urbanismo, se pasará al cobro la parte de la obra que la ley permita para que el ayuntamiento no tenga ningún quebranto económico». El sector fue aprobado en 2002.
El pleno aprobó una segunda modificación de crédito de 222.000 euros para ampliar con 100.000 euros la partida de Fiestas o destinar 32.000 euros para que el municipio participe en el plan de empleo conjunto de la Diputación y la Generalitat. Los grupos de izquierdas criticaron el gasto en festejos.
