El Ayuntamiento de Castelló ingresará en 2016 cerca de cinco millones de euros menos por la reclasificación de urbanizable a rústico del suelo que permanece sin desarrollar. Esta medida es una vieja reivindicación de los propietarios, que consideran un sinsentido pagar el mismo IBI que los titulares de viviendas, pero reducirá la recaudación municipal.
El nuevo bipartito progresista defendió cuando ocupaba la bancada de la oposición esta medida. El próximo año la llevará a cabo obligado por la nueva ley del Gobierno central de valorización de suelos urbanos. El Ejecutivo central acaba de aprobar esta legislación presionado por una sentencia del Tribunal Supremo.
Fuentes municipales avanzaron ayer que el cambio se materializará en 2016 y que supondrá una merma importante de la tributación del IBI, el principal gravamen de los municipios (representan el 34 % de los ingresos en el consistorio de Castelló). Desde el ayuntamiento señalaron que todavía se desconoce la cantidad exacta que se dejará de cobrar, pero las estimaciones realizadas en la pasada legislatura situaban esta cifra en cinco millones de los 57 que proceden del IBI urbano.
La reversión de los terrenos urbanizables afectará a la superficie que se encuentra sin ejecutar y que adolece de un plan parcial (ordenación pormenorizada). Según la dirección general del Catastro, la capital de la Plana cuenta con 5.617 bienes urbanizables vacantes de los 150.111 registrados. En unidades representa un 3 %, pero en extensión de suelo (seis millones de metros cuadrados) supone el 40 % de la superficie total urbana.
Los propietarios afectados reclamaron en la anterior legislatura una modificación en el IBI de sus terrenos hasta que se urbanizaran. El valor catastral medio de los 5.617 solares de Castelló asciende a los 111.061 euros y es un 30 % superior al precio medio -77.030 euros-, y esta circunstancia incide en impuestos como el IBI o la plusvalía. El grito en el cielo lo pusieron a partir de 2011, cuando se revisó el índice catastral y vieron incrementada de forma significativa la factura de la contribución.
Recibieron un espaldarazo hace un año cuando el Tribunal Supremo cuestionó que se cobrara el IBI urbano en suelo sin ordenación, pero el antiguo gobierno del PP hizo caso omiso a las demandas de los titulares y esgrimió que era una cuestión que dependía de la gerencia del Catastro. Los propietarios tenían como opción la vía judicial para conseguir la reclasificación, pero al final no ha hecho falta esta medida por el cambio normativo del Ejecutivo central.
Plan de ajuste
Los munícipes progresistas serán los ejecutores de esta iniciativa. Ya eran conscientes de las reivindicaciones de los afectados, pero tendrán que hacer nuevas piruetas para cuadrar el presupuesto de 2016. Serán cinco millones de euros menos, y hasta 2022 han de cumplir un plan de ajuste, que obliga a reservar cada año una cantidad para devolver la deuda (de más de 100 millones).
