El nuevo Gobierno local de Castelló prevé dar un giro de 180 grados en el plan especial de la Marjaleria. Pretende clasificar como protegido el suelo urbanizable (sin ordenación ni edificaciones) y renunciar a la construcción de las 2.500 nuevas viviendas previstas en el mismo. Quiere garantizar con esta revisión el crecimiento en otras zonas de ciudad, ya que la legislación fija un máximo de superficie urbanizable en el término municipal y la importante reserva proyectada en el humedal limita la expansión de la capital, según fuentes de la Concejalía de Urbanismo.
Los munícipes progresistas planean poner patas arriba el urbanismo heredado del Partido Popular. En la Marjaleria modificarán el plan especial aprobado en 2006. Por un lado, consideran necesaria su reinvención para arreglar una conflicto que se enquista desde hace décadas y que el programa de ordenación no ha solventado. Éste no ha logrado salvaguardar las viviendas construidas en la marjal y prosiguen las denuncias y las órdenes de derribo. La solución que maneja el ejecutivo local pasa por asegurar las viviendas existentes y poner coto a futuras edificaciones con la retirada del suelo urbanizable, que pasaría a protegido. Afirman que la situación del sector de la construcción hace inviable su desarrollo y genera, además, incertidumbre en la zona.
El programa especial, además, tiene pendiente activar los planes parciales que han de regular el suelo urbano (consolidado) y las 2.400 casas existentes. Es por ello que toda reforma de una edificación se declara ilegal aunque se realice en suelo urbano.
De las 785 hectáreas de la Marjaleria, el instrumento de planificación tipifica 144,21 como suelo urbano, 268,21 como suelo urbanizable, 272,76 como suelo no urbanizable y 13,2 están reservadas para la red primaria. Contempla 90 PAIs, de los que 54 corresponden a las zonas urbanas con cerca de 2.400 casas, y otros 36 a la extensión urbanizable que proyecta 2.500 nuevas edificaciones.
Estos desarrollos están en punto muerto porque aún no se ha finalizado la primera fase del plan especial. Ésta comprende la dotación de servicios públicos (medidas antiinundación, alcantarillado o viales), una medida esencial para legalizar posteriormente los usos urbanísticos. Esta inversión pública está valorada en 30 millones de euros, mientras la urbanización, que queda vinculada a los propietarios a través de cesiones de terrenos(costes de urbanización), se cifra en 80 millones de euros.
El ejecutivo de izquierdas estima que la superficie urbanizable es prescindible y dificulta la resolución de la Marjaleria, ya que mantiene abierta la posibilidad de edificar más fincas cuando aún se han de legalizar las actuales. Entiende que el PP planeó tanto suelo urbanizable «con fines especulativos» para financiar el propio plan especial.
Pero aparte de que la situación de alegalidad continúa en la Marjaleria, esta previsión constriñe la expansión de la ciudad, dado que, agregan desde el consistorio, esta cantidad se ha de retraer de otros emplazamientos del término municipal.
Así, de forma paralela a la redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana, el gobierno local, con el apoyo de la Generalitat (que ha de ratificar el plan especial), ampliará el área de protección de la Marjaleria, con la idea última de afianzar la viabilidad de las actuales construcciones.
El ayuntamiento también aspirar a aligerar los trámites de la ordenación del suelo urbano para que las actuales viviendas puedan impulsar ampliaciones de las mismas o un arreglo sin sufrir una denuncia o amenaza de derribo.
