El sindicato UGT en Castelló pide que se controle el cumplimiento de la ley en la concertación de plazas educativas. Así lo manifestó ayer después de que la Conselleria de Educación haya autorizado la creación de siete unidades más en centros concertados de la provincia de Castelló para el próximo curso 2015-2016.
Según consta en el arreglo escolar publicado ayer en el DOCV, se crea un aula más en primaria en el Seminario de Segorbe; se conciertan otras tres en educación especial de apoyo a la integración en los centros Alt Maestrat de Albocàsser, Madre Vedruna de Castelló y Santa María de Vila-real; y tres unidades más en Formación Profesional Básica en los institutos Cervantes de Almassora y Didáctica y Fina Izquierdo de Castelló. Por otra parte, se elimina un aula de un ciclo formativo de grado medio en el Flors de Vila-real.
Desde el sindicato UGT, su portavoz en Castelló, Laureà Puig, explica que la creación de siete unidades más en centros concertados responde únicamente a que la Conselleria de Educación debe seguir ofertando plazas en líneas educativas que ya se habían iniciado. Así, si anteriormente se creó el primer curso de primaria en un centro, ahora debe crearse el segundo curso para que los alumnos puedan seguir estudiando en el mismo colegio. Eso sí, siempre y cuando la demanda de plazas sea suficiente. En caso contrario, la conselleria podría eliminar el concierto, como ha hecho con el ciclo formativo de grado medio en Vila-real.
No obstante, y aunque las pretensiones del gobierno autonómico actual en defensa de la educación pública van en consonancia con las de los sindicatos, Puig recuerda que debe cumplirse la ley para acceder a los conciertos educativos. Una norma que establece varios requisitos como la necesidad de escolarización no atendida por la educación pública, que el centro realice experiencias pedagógicas innovadoras o que atienda a población escolar desfavorecida.
En este sentido, el representante de UGT lamenta que los centros concertados de Castelló «escogen a sus alumnos», a pesar de estar financiados con dinero público. En cualquier caso, asegura que la situación de la concertada en la provincia es mucho menos grave que en Valencia o Alicante, donde casi el 50 por ciento de la enseñanza obligatoria está en manos de la escuela concertada. En Castelló, sólo el 25 por ciento de los alumnos de primaria y secundaria acuden a centros privados o concertados.
Puig considera que será difícil reducir el número de plazas concertadas, ya que para hacerlo deben construirse centros educativos públicos que atiendan la demanda. Además, subraya que para ello debe darse un cambio en la legislación a nivel estatal que permita, por ejemplo, no concertar aulas en centros que segreguen por sexos.
