Los responsables del nuevo equipo de gobierno de Borriana han estrenado septiembre con el primer gran problema «heredado» de la anterior gestión municipal más allá de facturas sin pagar o partidas presupuestarias sin un duro a mitad de año: el ruido provocado por el festival Arenal Sound.
Los vecinos del grupo Roger de Flor, situado a escasos metros de la entrada del festival, han ganado en los tribunales y ahora, sobre la mesa de la alcaldesa Mª Josep Safont hay una sentencia en la que se reconoce que la música de la edición de 2013 vulneró el derecho fundamental a la intimidad de estos vecinos con registros en el interior de las viviendas de hasta 91 decibelios.
El juzgado de lo contencioso reconoce en la sentencia que no puede dar el paso de condenar al consistorio a tomar el acuerdo de «erradicar» el festival de la zona aunque el futuro de la cita musical del verano en Borriana podría estar en el aire. Con un reconocimiento de vulneración de los derechos fundamentales en la mano y una nueva edición del festival con sonometrías por encima de la legalidad, los vecinos podrían tomar el camino de la vía penal.
«No era la finalidad en un principio pero la sentencia reconoce el problema y tuvimos el apoyo de la Fiscalía. A partir de ahí ellos están obligados a cumplir la ley, si no lo hacen, deben atenerse a las consecuencias», explicaba ayer el abogado de los vecinos de Roger de Flor, Andrés Morey.
Reunión pendiente
Letrado y demandantes tienen pendiente una reunión para analizar el fallo -que han recibido con alegría- y ver qué nuevos pasos dar. «Todo está en el aire. Nos gustaría saber qué decisión va a tomar el ayuntamiento. La intención no es acabar con el festival sino que cambie de ubicación para que se acaben los problemas». Ayer los responsables municipales apostaron por guardar silencio tras el anuncio oficial de la sentencia contraria a sus intereses. El tripartito tiene ahora varios meses para decidir, junto a los organizadores, qué hacer. El fallo, que no conlleva el pago de indemnizaciones ni de costas por el proceso, es ejecutable de forma inmediata pese a que sea recurrido por alguna de las partes.
De hecho es otra de las bazas que pueden jugar los vecinos de Roger de Flor para pedir al tribunal que se tome una decisión para evitar nuevas molestias en el futuro, cuestión que no les fue admitida.
Por su parte, desde el Partido Popular, su portavoz municipal Juan Fuster abogó por seguir apoyando la celebración del festival en Borriana pero siempre «respetando los condicionantes legales que impone la sentencia», apuntó. «Hay que estudiar bien qué dice la sentencia y, sobre todo, conocer el acuerdo al que llegó el nuevo gobierno con la empresa y que desconocemos», dijo. Fuster defendió la actuación del anterior equipo de gobierno ante las demandas de los vecinos.
Los responsables de la empresa organizadora del festival, codemandada en el proceso abierto por los vecinos, tampoco quisieron dar ayer su versión sobre el fallo judicial.
