El Ayuntamiento de Castelló elude emular a sus correligionarios de Valencia y por ahora no vetará el envío de la Policía Local a los desahucios. El bipartito progresista duda de la legalidad de esta medida y antes quiere comprobar que es acorde a la actual legislación.
El equipo de gobierno explicó que quiere dilucidar si se puede vetar la presencia de la policia local en los desalojos en los casos que lo solicite un requerimiento judicial. Asimismo, desde Vivienda apuntaron que queda un año para que expire la moratoria antidesahucios del Gobierno y que, al respecto, tienen margen en este sentido.
El portavoz de Castelló en Moviment, Xavi del Señor, se sumó a la iniciativa del Ayuntamiento de Valencia y aseguró que propondrá que se incluya la no participación de la Policía Local en el protocolo antidesahucios que prepara el gobierno castellonense. La propia agrupación de electores participa junto al ejecutivo local en la elaboración del citado programa de actuación. El borrado inicial señala que el ayuntamiento no pondrá facilidades ni colaborará cuando se ejecuten procesos de desahucio, pero no especifica el papel de la policía local. Del Señor, cuyo grupo respalda al gobierno desde la oposición, avanzó que su intención es incluir esta posibilidad en el protocolo. El objetivo de Castelló en Moviment es declarar a la capital de la Plana como ciudad «libre de desahucios». En la capital del Turia, su alcalde, Joan Ribó, sostuvo que su predecesora, Rita Barberá, prestaba a banqueros y juzgados «los servicios de los Policía Local para proceder a desahucios». Añadió que sólo se cederían sus servicios en por motivos de seguridad ciudadana en el caso de que se produjera un incidente pero no al servicio del juzgado para desahucios.
El ayuntamiento ya ha anunciado su intención de poner en marcha un servicio de asesoría para las personas afectadas por los desahucios. También ha mantenido reuniones con los jueces y procuradores -estos últimos asisten a los desahucios- y ha acordado que informen desde el principio a los afectados sobre los servicios asistenciales que el Ayuntamiento de Castelló pone a su disposición, desde asesoramiento jurídico para renegociar la hipoteca hasta viviendas para el realojo.
Al respecto, el consistorio editará una hoja informativa que concretará los recursos sociales municipales, mientras los agentes judiciales harán llegar la información a los afectados y pondrán en conocimiento del tribunal y del ayuntamiento los casos de riesgo de exclusión social.
En el caso de las viviendas sociales, el consistorio negocia con las entidades financieras para que faciliten viviendas vacías de la ciudad en régimen de alquiler social a personas desahuciadas con bajos recursos.
