Marta Cecilia Sánchez, de 44 años, con dos hijas a su cargo de 20 y 13 años y con un subsidio de 400 euros al mes, tenía ayer la orden de abandonar su vivienda del camí Serradal de Castelló por impagos de su hipoteca. La PAH de Castelló negoció a contrarreloj con la entidad bancaria y los juzgados, mientras un centenar de activistas se concentró delante de la casa. Esta presión social surtió efecto y consiguió frenar provisionalmente el desahucio.
Marta se quedó sin trabajo hace cuatro años y subsiste con 400 euros al mes. También se divorció de su marido, quien se marchó al extranjero y elude pasar a sus hijas una pensión de forma regular. El banco subastó hace unos meses su vivienda por 90.000 euros cuando tenía pendiente devolver 70.000 euros más un préstamo puente de 35.000 euros, que concedió la misma entidad para recuperar la deuda. Ahora ha perdido la titularidad de su casa y ha a retornar, además, los 35.000 euros del segundo crédito, explicó Marta. En estas condiciones, ayer tenía que desalojar su única casa. Según explicó, se enteró en junio de que había sido subastada cuando fue a pagar una cuota del IBI y le dijeron que no estaba a su nombre.
Entonces se puso en contacto con la PAH., que le informó de que podía acogerse a la moratoria del Gobierno, que finaliza en 2017, por estar en riesgo de exclusión social. Pero esta solicitud no llegó a los tribunales y la orden de lanzamiento se fijó para ayer a las once de la mañana. Así, por un lado, un abogado de la PAH negoció a primera hora en los juzgados una moratoria y contactó con la entidad bancaria, mientras, por otro, un centenar de personas se reunía a las 11.00 ante la puerta de la vivienda para impedir el desahucio. Este trabajo dio sus frutos y una comitiva judicial trasladada al lugar informó de que el banco había aplazado el lanzamiento al 9 de noviembre para que pudiera encontrar una opción habitacional en este tiempo. La notificación se produjo sin incidentes y con la presencia de la Policía Nacional, que no intervino (el ayuntamiento eludió enviar a la local).
No obstante, se vivieron momento de tensión. Dos cerrajeros se acercaron a las inmediaciones de la casa antes de que llegara la representación legal y encendieron las alarmas. Cuando hicieron acto de presencia dos procuradoras y una secretaria judicial, Marta se escondió en el interior de su casa, mientras los integrantes de la PAH se negaban a que saliera. La afectada accedió cuando los responsables judiciales avisaban del aplazamiento. Indicaron que no reúne las condiciones para acogerse a la moratoria, pero que tiene un mes mas para residir en su casa.
«No quiero que me quiten a mi hija», clamaba Marta entre sollozos por miedo a perder la custodia de su hija menor por sus condiciones económicas.
