El Ayuntamiento de Borriana está siendo el receptor estos días de las quejas de parte de los 1.500 vecinos que han visto incrementado -en algunos casos de forma muy sustancial- el recibo de la contribución de esta anualidad después de que el Ministerio de Hacienda, a través del Catastro, haya concluido el proceso de revisión para aflorar construcciones sin declarar dentro de una operación global de lucha contra el fraude fiscal. Si en otros municipios de la provincia como la Vall, Segorbe o Benicarló, el proceso está en sus inicios -en los consistorios se están habilitando oficinas para atender a los afectados y realizar las alegaciones procedentes-, en Borriana, este proceso previo ya concluyó el año pasado y, ahora, los vecinos están recibiendo los recibos actualizados y, en muchos casos la sorpresa de lo que tienen pagar es mayúscula ya que las cifras llegan, en algunos casos a las cuatro cifras.
Según recordaron ayer desde el consistorio de Borriana, la actualización de los recibos es por orden del Ministerio de Hacienda ya que el consistorio poco tiene que ver en este proceso que se inició a finales de 2013. Entonces, desde Hacienda se informó al consistorio de la inclusión del municipio en este proceso de regularización catastral, que permitía incorporar al catastro las «omisiones o alteraciones de las características en inmuebles del territorio de régimen común», es decir las obras como reformas o nuevas construcciones como piscinas que no habían sido declarados en catastro en su momento.
Sin posibilidades de alegar
Las mismas fuentes explicaron que Borriana fue «una de las trece ciudades de la provincia incluidas en el primer proceso de regularización», llevado a cabo desde mayo de 2014 hasta el 30 de noviembre del mismo año. «En estos meses, catastro suministró un listado de incidencias detectadas sobre fotografía a una empresa, a la que le adjudicó hacer el trabajo de campo, y detectó un total de 1.600 variaciones en el término municipal». En noviembre del 2014, los vecinos y vecinas de Borriana «recibieron un primer aviso del Catastro en la que comunicaba la variación detectada en la propiedad, dando un plazo de alegaciones al tiempo, que cobraba una tasa única de 60 ? con la que se ha financiado el Plan de Regularización» y es ahora, un año después cuando los recibos actualizados están llegando.
La concejala de Hacienda de Borriana, Cristina Rius, criticó ayer que el anterior gobierno popular «hubiera podido informar sobre el proceso de regularización, y las posibilidades de alegar en noviembre del año pasado, y ahora los vecinos y vecinas no tienen ya la posibilidad de hacerlo».
Por otra parte, Rius explicó que esta regularización planteada en principio contra el fraude fiscal «no implica una actualización de los valores catastrales, ya que los inmuebles regularizados se valoran con los mismos valores vigentes en Borriana».
Ante esta situación, desde el Ayuntamiento de Borriana conminaron ayer a los vecinos a notificar a Catastro cualquier modificación en los bienes «para evitar el fraude fiscal inmobiliario y sus consecuencias, que pueden llegar a ser importantes multas por parte del Ministerio de Hacienda».
