El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Vinaròs ha citado a declarar a dos nuevos imputados los próximos días 20 y 22 de octubre dentro de la causa Castor, que investiga presuntos delitos de prevaricación medioambiental y contra el medioambiente en el proceso de instalación de la planta de gas. Comparecerán tres de los cuatro altos cargos vinculados al Instituto Geológico y Minero que dieron luz verde al proyecto.

El primero de los imputados que declarará por este caso, el día 19 a las 9.30 horas, es Jesús Gómez de las Heras, relacionado con el Instituto Geológico Minero (IGME). Los dos nuevos imputados son José Antonio Fernández Sánchez, que lo hará el 20 de octubre a las 9.30 horas, y Roberto Rodríguez Fernández, dos días más tarde a la misma hora, informa el Tribunal Superior de Justicia valenciano. Ambos eran altos cargos del IGME y participaron en la aprobación del proyecto. Está pendiente de ser citado por parte del IGME José Pedo Calvo (ex director general del IGME cesado en 2010».

El pasado mes de enero el juez de instrucción de Vinaròs encargado del caso imputó a dieciocho personas después de que la Fiscalía presentara una denuncia y dirigiera sus acusaciones contra el Ministerio de Medio Ambiente, contra el Instituto Geológico Minero de España (IGME) y contra la empresa que explotó la planta, Escal UGS.

El juez ordenó citar a declarar el calidad de imputados a los responsables del informe del Instituto Geológico y Minero del 23 de enero de 2007 y a los responsables de los Ministerios de Medio Ambiente e Industria que certificaron la resolución del 7 de junio de 2010, y dentro de la misma a los responsables de la Declaración de Impacto Ambiental.

Asimismo se ha citado como imputados a los ocho miembros del consejo de administración de Escal UGS, entre ellos Recaredo del Potro, presidente de la mercantil.

Tras los más de 400 seísmos que se produjeron en septiembre de 2013 en el entorno del Castor, la Fiscalía acordó incoar de oficio diligencias de investigación penal que han desembocado en la denuncia presentada el pasado 23 de diciembre de 2014. El juez ha solicitado en este tiempo los informes realizados en torno al almacén de gas.