El excoordinador del informe del IGME sobre Castor llegó a los juzgados de Vinaròs a las nueve de la mañana, con 30 minutos de antelación a la hora fijada para su declaración. En el exterior lo esperaba una concentración de la plataforma de Defensa de les Terres del Sènia para expresar su malestar con los responsables de la puesta en marcha de Castor. Este colectivo ciudadano no olvida la oleada de 550 terremotos registrados en el entorno de Castor en el mes de septiembre de 2013.
«Hay gente que todavía lleva las maletas en el coche por si tiene que salir corriendo», advertía Joan Ferrando, portavoz de la plataforma. Además de las responsabilidades penales, la asociación de Defensa de les Terres del Sènia también reclamará a los responsables del Castor (Gobierno central y Escal UGS) el pago de indemnizaciones a los municipios del norte de Castelló y el sur de Tarragona que percibieron los movimientos sísmicos por los «daños morales ocasionados». Los terremotos-algunos llegaron al nivel 4 de la escala Richter- pesan en la memoria de los vecinos. Ferrando recuerda con amargura que «nuestros niños se escondían incluso debajo de los pupitres por los temblores de tierra».
Respecto a la causa judicial, se mostró seguró de que la fase de instrucción «tendrá como resultado una sentencia condenatoria y demostrará que se han producido delitos medioambientales que han perjudicado tanto al territorio como a sus habitantes, provocando a estos daños morales y algunos físicos».
Ferrando subrayó que los responsables de los Ministerios de Industria y Medio Ambiente obviaron «los consejos que hizo el Observatorio del Ebro y de la empresa Shell» respecto a la realización de informes de riesgo sísmico en la zona. También afirmó que se ha infringido la Constitución Española al vulnerarse, dijo, el artículo que vela por la calidad de vida de los ciudadanos.
Asimismo, el portavoz de la plataforma de Defensa de les Terres de Sènia instó al Gobierno central a desmantelar de manera definitiva el almacén de gas. «Estamos convencidos de que si vuelve a inyectarse gas en la planta volverán los terremotos», subrayó. Esta asociación inició en 2008 su campaña de protesta. Entonces, el ministerio y Escal eludieron sus advertencias.
