La profusión de viviendas diseminadas en suelo rústico o protegido en zonas de montaña o de marjal desde la década de los 70 ha llevado de cabeza a la administración autonómica y a los ayuntamientos. Centenares de casas se han levantado en las «marjalerias» de Castelló, Nules y Borriana por falta de control urbanístico. Los consistorios tienen en curso órdenes de derribo contra las mismas por estar en suelo no urbanizable y carecer de las preceptivas dotaciones básicas. Los sucesivos gobiernos valencianos buscan desde hace años una solución a esta problemática pero no han encontrado la tecla.
El nuevo Consell quiere dar un giro de 180 grados a las políticas del PP y planea una solución intermedia que conjugue los derechos adquiridos de los propietarios con una ordenación adecuada y sostenible. Una de las circunstancias que impide la adaptación de estas casas a la legislación urbanística es la falta de servicios básicos (canalizaciones de aguas residuales, especialmente). Así, por un lado, la Generalitat quiere garantizar la continuidad de las construcciones que se consideran ilegales implicando a los particulares en la financiación de las dotaciones que exige la ley, y por otro, frenar la construcción de nuevas edificaciones, avanzaron fuentes de la Conselleria de Obras Públicas y Vertebración del Territorio.
¿Cómo? En el primer caso, pretende flexibilizar la legislación existente. Al respecto, la actual normativa urbanística (Lotup), en vigor desde hace un año, establece un mínimo de tres viviendas por hectárea en las zonas diseminadas para poder ser regularizadas. El Consell considera que este límite no soluciona la situación de las casas con órdenes de derribo y quiere eliminarlo. Ha detectado que muchas viviendas estan más alejadas entre sí y no alcanzan las tres por hectárea.
Pero la pretensión de legalizar las viviendas ilegales no significaría un cheque en blanco para sus titulares. A cambio de la ordenación, la conselleria plantea obligar al propietario a realizar una inversión para desarrollar mejoras que minimicen el impacto de la vivienda en el entorno, tales como alcantarillado en las «marjalerias» o pantallas vegetales en emplazamiento de montaña, según las mismas fuentes. Se trataría, añadieron, de impulsar los planes que contempla la ley «de minimización de impacto del territorio» pero de forma individualizada.
El segundo cambio que planea el ejecutivo valenciano pasa por impedir la construcción de nuevas edificaciones. En primer lugar, explicaron desde la conselleria, se ampliaría la inspección urbanística. Los consistorios, de quien depende esta competencia de control, se han caracterizado por actuar con las viviendas ilegales a posteriori, es decir, tras la finalización de las obras y no antes o durante las mismas. Vecinos de la Marjaleria de Castelló lamentan que nadie les avisó de la ilegalidad cuando empezaron sus obras y que la sanción les llegó con su propiedad en pie. «Si lo hubiera sabido no habría hecho nada», afirma un marjalero. Residentes de esta zona disponen de expedientes de derribo con multas que rondan los 20.000 euros.
En segundo lugar, se retirarían las futuras provisiones de suelo urbanizable sin edificar incluidas en planes especiales de las «marjalerias». Por ejemplo, el programa de la Marjaleria de Castelló, además de proteger parte de lo construido, incluye una superficie de futuro desarrollo que contempla otras 2.500 nuevas viviendas.
Negociaciones
Castelló suma cerca de 10.000 viviendas situadas en las marjalerias de Castelló, Nules, Borriana y en zonas de montaña. El proceso de ordenación al que aspira la Conselleria de Obras Públicas y Vertebración del Territorio no será fácil y el proyecto está pensado para materializarlo a lo largo de la legislatura.
Requerirá negociaciones con los ayuntamientos para que refuercen la disciplina urbanística, además los propietarios.
