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La Generalitat sancionará a los bancos que eludan ceder pisos vacíos a desahuciados

Salvador reprende a las principales entidades por eludir el protocolo antidesahucios «Su rescate público se debe compensar con otro social»

La PAH paralizó en septiembre un desahucio en Castelló. àngel sánchez

La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, reprendió ayer duramente a las principales entidades financieras por negarse a suscribir el protocolo antidesahucios, y les advirtió que la futura Ley de Función Social contemplará sanciones a aquellas que se nieguen a ceder pisos vacíos a personas afectadas.

El Consell constituyó el 29 de septiembre la primera mesa contra los desahucios. Convocó a once bancos y cajas con sede en la Comunitat, la plataforma de afectados, colegios profesionales, sindicatos y ayuntamientos para impulsar un protocolo de actuación. A las entidades bancarias les propuso una moratoria con las primeras viviendas hasta la aprobación de la nueva Ley de Función Social y la cesión de viviendas sin ocupar. Salvador afirmó ayer que el plazo para responder finalizó el viernes pasado y lamentó que solo han aceptado estas condiciones tres de las once (Cajamar, Caixa Ontinyent y Caixa Popular).

«El comportamiento de los bancos en materia de responsabilidad social dista mucho que desear», sostuvo la consellera de Vivienda a los medios de comunicación en un acto en Castelló sobre fondos Feder. Salvador censuró la actitud del estamento financiero y cuestionó que las principales entidades se nieguen a firmar el protocolo cuando recibieron «71.000 millones de rescate público». «Este rescate debería ser compensado con un rescate social», subrayó.

La titular de Vivienda explicitó su «malestar» con un sector bancario que cree debe involucrarse con más ahínco en el drama de los desahucios. Para el Consell ya no valen declaraciones o parches. Salvador subrayó que su propuesta es razonable y que la moratoria que propone para primera vivienda se prolongaría hasta que se apruebe la citada Ley de Función Pública, dentro de siete u ocho meses, puntualizó.

Tras esta negativa, la conselleria insistirá ante los bancos con la futura Ley de Función Social, cuyo anteproyecto se presentará en diciembre y se aprobará a mediados de 2016. Esta normativa pretende solucionar la problemática de los desahucios y reconocerá la vivienda como un derecho subjetivo y humano. Según Salvador, a través de la misma se creará un registro de viviendas desahuciadas y se volverá a presionar a los bancos para que faciliten casas desocupadas. Para los que continúen sin facilitar casas vacías, la conselleria remarcó que se establecerán mecanismos sancionadores. Resaltó que el Consell trabajará con «más interés» con las tres entidades que se han sumado al manifiesto. El Gobierno valenciano pone la sexta velocidad en política de viviendas e intenta convencer los bancos para que ponga más de su parte. La Comunitat es la segunda autonomía con más desahucios de España.

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