El equipo de gobierno de Vila-real remitió hace apenas dos semanas al Consell Jurídic Consultiu de la Generalitat Valenciana la propuesta de resolución por la cual desestima el pago de cerca de 14 millones de euros a la entidad financiera propietaria del solar de la antigua azulejera Fritta. Mientras tanto, el pleno revocó ayer el convenio firmado en 2008 por el ayuntamiento -gobernado entonces por el PP- y una urbanizadora en el que se especificaban las condiciones para la construcción de un rascacielos de 22 plantas en el mismo solar.
La entidad financiera reclama el pago de esta cantidad después de que una sentencia de 2013 dictaminara que la recalificación de este solar de industrial a residencial para construir entre otras cuestiones un este de 22 pisos no se ajustaba «a legalidad ni perseguía el interés público». Siendo considerado de nuevo este solar como industrial, ha perdido una parte importante de su valor, y es esto lo que reclama la entidad financiera y por ello pide una compensación de 14 millones.
Por su parte, el alcalde de la ciudad, José Benlloch, aseguró ayer que lucharán «hasta el final» para evitar pagar estos 14 millones de euros, y es en este sentido que se entiende la presentación de la resolución ante el Consell Jurídic Consultiu autonómico. Si este organismo diese la razón al equipo de gobierno vila-realense, «avalaría nuestras tesis y sería más fácil una resolución del conflicto, ya fuera por vía de un acuerdo con la entidad financiera o a través de la justicia».
El signo de esta resolución, que se prevé que podría llegar en un plazo de dos a tres meses, será clave para la estabilidad presupuestaria del municipio, pues al pago de la cantidad exigida por la empresa propietaria del solar habría que añadir los intereses y los costes judiciales.
Convenio suspendido
En paralelo, el pleno municipal aprobó por unanimidad suspender el convenio firmado en 2008 por el equipo de gobierno del PP con PKL Real State Agency, la empresa que preveía construir el rascacielos en este solar situado al sur de Vila-real.
Este convenio se firmó al mismo tiempo que la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que posibilitó el cambio de condición del suelo de industrial a residencial, e incluía entre otras cuestiones la construcción por parte de la empresa de una escuela pública, de unos pisos de protección oficial y el pago de algo más de un millón de euros en concepto de plusvalías derivadas de la recalificación.
La decisión de suspender ahora el convenio obedece a una estrategia municipal que persigue minimizar los riesgos de tener que pagar tanto lo que pide la entidad propietaria del solar como el millón de euros que el ayuntamiento cobró según lo establecido por el convenio. El hecho de que PKL Real State Agency se encuentre en situación de quiebra dificulta la presentación de un recurso para recuperar esta cantidad, y esta cuestión ha animado al consistorio a actuar ahora.
Justificación del PP
Durante el pleno, Benlloch calificó la modificación del PGOU realizada en 2008 de «auténtico pelotazo urbanístico» y dijo temer que este «empastre, el peor realizado durante la última legislatura del PP, ponga en riesgo el trabajo responsable realizado por este equipo de gobierno».
Por su parte, la concejal del PP, Marisa Mezquita, lamentó que el alcalde y su concejal de Urbanismo, Emili Obiol, utilizaran la palabra «pelotazo» para referirse a una recalificación que, aseguró, «en su momento contó con los informes favorables de los técnicos municipales». Al mismo tiempo, Mezquita dijo que si su grupo apoyaba la resolución del convenio es porque «se trata de un mero trámite ante la situación de quiebra de la empresa afectada».
