La empresa que está construyendo un tanatorio-crematorio en el entorno del cementerio de Benicarló deberá presentar un informe favorable de la unidad de Sanidad Ambiental del centro de Salud público de Benicarló en el que asegura que la actividad es segura para la salud de los vecinos para poder obtener la licencia municipal de actividad.
Así lo anunció el jueves por la noche la alcaldesa de Benicarló, Xaro Miralles, a los miembros del colectivo en contra de la construcción de este tanatorio que se personaron en el pleno para pedir información sobre los informes que se han emitido al respecto del impacto de los hornos crematorios en la salud de los vecinos.
581 metros en Alicante
Desde el colectivo -que ya lleva recogidas 978 firmas en contra de la instalación- plantearon si existía ya este informe sanitario por la unidad de sanidad ambiental de la Dirección General de Salud Pública y recordaron que en una empresa de estas características de Sant Joan de Alicante, se establecieron distancias legales hasta las zonas habitadas «de 581 metros por riesgo de cáncer», según aseguraron.
En este sentido recordaron que esta área, en Benicarló incluye dos escuelas, el CEIP Francesc Català y el Centro Educativo Magdala. Miralles explicó que en el expediente consta que el 19 de noviembre de 2012 el director territorial de Sanidad e Castellón emitió «informe previo favorable» a la instalación del tanatorio promovido por Nuevo tanatorio SL pero que, efectivamente, el informe que daría definitivamente luz verde a la apertura de la instalación correspondería, así, al Centro de Salud de Benicarló, y concretamente a la Unidad de Sanidad Ambiental, un informe que sería preceptivo para la concesión de la licencia y funcionamiento de la actividad.
«El promotor de la actividad deberá aportar, por lo tanto, esta autorización para poder obtener la licencia municipal para el funcionamiento del horno crematorio», explicó Miralles.
La adhesión de Benicarló a la red de ciudades Ramon Llull quedaba culminada este jueves en el pleno. La propuesta que fue retirada de la sesión de julio al indicar desde las filas populares que faltaba información sobre los posibles costos que supondrían para la localidad la incorporación a resta red.
Entonces, aunque desde el equipo de gobierno se afirmó que no suponía costo alguno, se prefirió retirar el punto del orden del día a propuesta del interventor, que así lo aconsejó. El punto, en esta ocasión se aprobó aunque con los votos en contra de Ciudadanos y del PP.
