El equipo de gobierno de Castelló liga la ordenación de la Marjaleria a una revisión del plan especial de la zona. Mientras tanto, afirma que carece de margen legal para frenar las órdenes de derribo. La asociación de Union por la Marjaleria sostiene que los vecinos no pueden esperar más y, al menos, urge a que se suspendan siete expedientes que afectan a familias en riesgo de exclusión social.
Denuncia que hay siete casos en la Marjaleria que sólo reciben una renta básica, de 426 euros al mes, y que el ayuntamiento les embarga al mes hasta 200 euros dentro del proceso administrativo que tiene abierto contra sus construcciones. El equipo de gobierno alega que está obligado a cumplir la legislación vigente y que no puede paralizar los expedientes en la zona. Su objetivo para legalizar la Marjaleria pasa por revisar el plan especial, que se aprobará al mismo tiempo que el PGOU (a lo largo de 2017). Quiere legalizar el máximo número de viviendas irregulares, pero admite que será difícil salvar aquellas que, además, de la sanción administrativa, cuenten con una sentencia judicial contraria.
Pero Unión por la Marjaleria cree que el ejecutivo tiene espacio para actuar y que puede suspender las multas subsidiaras. El proceso contempla la infracción urbanística, la sanción y una ejecución subsidiaria. Este último caso comprende una estimación del coste de la demolición de la obra ilegal. Algunos importes alcanzan los 20.000 euros y, según recibos remitidos por la asociación, el consistorio los cobra embargando al mes una cantidad en función de los recursos económicos del propietario.
Como ejemplo, muestra un embargo de 241 euros a uno de sus asociados. Así, en un primer paso Unión por la Marjaleria pide la retirada de los expedientes que implican a hogares con escasos recursos. Si no asume esta petición, afirma a la alcaldesa que «no hay nada que hablar».
«Esto ya hace mucho tiempo que ha dejado de ser un problema urbanístico, es un problema social. Están embargando a gente que cobra la ayuda de 400 euros. ¿Esto es lo que se supone que debe hacer un gobierno autoproclamado de izquierdas?», señaló África Camba, presidenta de Unión por la Marjaleria.
La alcaldesa, Amparo Marco, mantuvo un encuentro informal con representantes de la asociación vecinal Unión por la Marjaleria al finalizar el pleno del jueves, y anunció una reunión con los vecinos de este colectivo a lo largo de esta semana. Unión por la Marjaleria señala que convocar a todos los vecinos es inviable y pide que llame a la junta directiva.
Marco les trasladó el jueves que el Gobierno Local pretende «dar solución a los problemas de la Marjaleria dentro de la legalidad y tenemos una oportunidad histórica con la redacción del Plan Especial de la Marjaleria (PEM)».
La alcaldesa hizo hincapié en que «tenemos que aprovechar la redacción del PEM para dar una solución de consenso a un problema urbanístico, jurídico y social que nuestra ciudad arrastra desde hace más de 20 años, porque los anteriores equipos de gobierno han mirado hacia otro lado y han engañado a los ciudadanos en la Marjaleria».
