El equipo de gobierno de Castelló volvió ayer a cuestionar la ocupación ilegal de un edificio vació de la calle Gran Vía por parte de cinco familias y advirtió que esta circunstancia dificulta las negociaciones que mantiene con entidades financieras para que cedan pisos para alquileres sociales.
El vicealcalde, Enric Nomdedéu, subrayó que el ayuntamiento trabaja para que «nadie se quede en la calle» pero insistió en que la salida del «circuito legal» no es la vía para conseguir una vivienda; primero porque genera problemas judiciales a sus protagonistas y, en segundo lugar, supone un agravio respecto a familias sin recursos que han solicitado una ayuda o una vivienda por los cauces legales, explicó el vicealcalde.
Nomdedéu señaló que el consistorio ha ofrecido colaboración a las cinco familias que desde el 28 de diciembre residen en el inmueble de la calle Gran Vía, pero reseñó que los servicios sociales conceden recursos a las familias demandantes según sus necesidades. Apuntó que los cinco ocupantes del inmueble de Gran Vía se situarían en los primeros lugares de la lista de espera municipal si reúnen las condiciones. «No se les premiará por salirse del marco legal», aseguró el vicealcalde, quien lanzó un mensaje sin nombrarla a la plataforma antidesahucios. «Si alguno intenta convencer a alguien de la que mejor manera para presionar es la ilegalidad se equivoca», aseveró Nomdedéu, quien lamentó que este acto supone un obstáculo para los intentos que hace el ayuntamiento para lograr alquileres sociales.
A pesar de la falta de pisos municipales, Nomdedéu aseguró que ninguna familia «se ha quedado sin techo» y defendió que la estructura de servicios sociales existente es lo suficientemente ágil para dar respuesta a las necesidades que surgen.
Subrayó que recientemente se asignaron dos viviendas municipales que se encontraban ocupadas de forma irregular y habían sido rescatadas, y agregó que otras seis se encuentran en proceso de rehabilitación.
El ayuntamiento, señaló, dispone de 183 viviendas, de las que 174 son de su propiedad y otras nueve son alquiladas. Nomdedéu recordó, tal como ha publicado este diario, que cuando llegaron al gobierno localizaron viviendas heredadas, sin estar registradas o con inquilinos que vivían fuera de Castelló y las utilizaban sólo en verano. Muchas habían sido cedidas en los años 70 y desde entonces no se había seguido un control de las mismas. «Nos encontramos con una falta de inventario de viviendas», remató Nomdedéu.
