La Generalitat ha eliminado el copago de fármacos y productos ortoprotésicos para los colectivos más vulnerables, una medida que entró en vigor el pasado 1 de enero y de la que se han beneficiado 77.945 personas en la provincia de Castelló en menos de un mes. De ellas, 68.586 son pensionistas y 9.359, personas con diversidad funcional. Se espera que la cifra vaya en aumento. Así lo anunció ayer la consellera de Sanidad, Carmen Montón, quien visitó el centro de mayores Illes Columbretes de Castelló junto al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la alcaldesa de la capital, Amparo Marco, para explicar a los colectivos afectados la iniciativa del Consell.

El Ejecutivo autonómico ha destinado un total de 41 millones de euros para subvencionar el copago sanitario de los jubilados con rentas inferiores a 18.000 euros anuales y de las personas con discapacidad. «En estos seis primeros meses de gobierno hemos llevado a cabo un plan de choque para recuperar derechos: comenzamos con la recuperación de la universalidad de la sanidad pública y empezamos el año diciendo 'no' al copago», aseguró ayer la consellera. «Estamos en la vanguardia de la recuperación de los derechos, estamos marcando una senda y seguiremos exigiendo al Gobierno central que derogue el decreto referente al copago», concluyó Montón.

En este sentido, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, subrayó que las subvenciones de la Generalitat para cubrir el gasto farmacéutico de pensionistas y discapacitados constituyen «una medida fundamental y un gran servicio público». «No era posible que 300.000 personas en la Comunitat Valenciana abandonaran los tratamientos farmacéuticos por dificultades económicas», indicó el jefe del Consell.

Y es que, según los datos que maneja Sanidad, el 32 por ciento de los pensionistas no inician el tratamiento y el 18 por ciento de los que lo hacen, lo abandonan. En el colectivo de discapacitados, un 43 por ciento no llegan a empezar el tratamiento y el 17 por ciento lo dejan. Son las mayores tasas registradas en todo el país, según la conselleria.

Puig admitió que una de las razones que le influyó a la hora de adoptar esta medida fue el testimonio de una médica que hace tres años, con la puesta en marcha del copago, le trasladó el caso de una paciente. «Una señora tenía que pagar 8 euros de la receta y le dijo que con ese dinero compraba dos pollos para dar de comer a sus nietos que lo necesitaban más que ella el tratamiento», relató el presidente de la Generalitat, quien lamentó que «muchas familias han vivido este tipo de dramas cuando los medicamentos están para curar y no pueden estar limitados por la cuestión económica».

Para beneficiarse de esta medida, los usuarios no tienen que realizar ninguna gestión, ya que al presentar la tarjeta SIP el sistema detecta de forma automática la prestación, según informó la conselleria.