El Ayuntamiento de Castelló ha llegado a un acuerdo con Cajamar para que la entidad bancaria destine una decena de viviendas a personas en riesgo de exclusión con una alquiler mensual que no excederá los 100 euros.

Así lo anunció ayer la concejal de Vivienda, Ali Brancal, quien detalló que los Servicios Sociales del ayuntamiento serán los que concreten qué familias son susceptibles de optar a uno de estos pisos. El consistorio ejercerá de intermediario pero no intervendrá en el contrato, que rubricarán el banco y los inquilinos. El convenio no recoge ninguna contraprestación económica municipal.

Se trata de la primera entidad financiera que llega a un acuerdo de este tipo con el consistorio, que confía en que otros bancos accedan a poner parte de su parque de viviendas a disposición de los más desfavorecidos. Desde la Concejalía de Vivienda se seguirán manteniendo reuniones con otras entidades financieras con el objeto de ofrecerles la posibilidad de adscribirse a dicho convenio. Además, el gobierno municipal se ha comprometido a incluir cláusulas de carácter social en las futuras relaciones con las entidades financieras, las cuales serán requisito en la contratación.

El vicealcalde, Enric Nomdedéu, recalcó que este convenio «desmiente todas las acusaciones de inacción que se han emitido contra el Gobierno y, especialmente contra la concejal. Lo que pasa es que criticar es gratis mientras que hacer las cosas bien, con efectos jurídicos y que beneficien a las familias, tiene unos plazos».

Castelló dispone de 127 solicitudes de vivienda, de las que 60 han aportado toda la documentación y 16 ya han sido evaluadas. El consistorio trabaja en la puesta en marcha de una Bolsa de Vivienda Social, gestionada por los servicios municipales.

Ocupación de la vía pública

Enric Nomdedéu también avanzó que el ejecutivo municipal trabaja en la unificación de criterios para el cobro del canon por ocupación de la vía pública. Según desveló, el anterior gobierno popular actuaba con «discrecionalidad» en este campo, «en función de lo que creía que podía beneficiar a la ciudad». Por ello, se van a fijar unos criterios objetivos para que el pago por la ocupación de la vía pública no dependa de la interpretación de los gobernantes.