El Ayuntamiento de Torreblanca ha presentado un recurso contra una sentencia que le obliga a pagar una sanción de 62.000 euros por una denuncia de la Seguridad Social. El juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Castelló ha estimado que la situación de siete personas que trabajaban como autónomos no era la correcta ya que, según reflejó la Seguridad Social tras una inspección laboral, estos empleados deberían tener contrato y cotizar por régimen general.
La Seguridad Social realizó una inspección de trabajo en el año 2012, por la que decretó que varios trabajadores estaban realizando servicios para el ayuntamiento de manera indebida. «Consideraron que siete personas que estaban trabajando como autónomos deberían trabajar por cuenta general», explicó la teniente de alcaldía Rosana Villanueva. Estas personas impartían cursos y talleres o desempeñaban tareas de limpieza, por ejemplo. Los trabajadores realizaban estos trabajos y emitían las correspondientes facturas, al estar dados de alta como autónomos. La Seguridad Social consideró que deberían haber formado parte de la plantilla municipal por lo que, según el acta de la inspección, tendrían que haber contado con un contrato laboral y cotizar. El consistorio defendió en su día la legalidad de la situación de estos empleados, por lo que llevó esta sanción a un contencioso.
El juzgado desestimó el recurso de alzado y ha fallado en primera instancia a favor de la Seguridad Social, por lo que el consistorio presentado un recurso con tal de «agotar la vía judicial», explicó la edil. La sanción corresponde a 1.200? por cada trabajador más unos 52.000 por el dinero que la Seguridad Social dejó de ingresar al no haber habido cotización. En total, cerca de 62.000 euros.
El Ayuntamiento de Torreblanca ha vuelto a defender el método de relación laboral de estas siete personas que ya no trabajan para el consistorio. La corporación acordó en el último pleno recurrir. La alcaldesa Josefa Tena explicó que «hemos presentado este recurso de apelación ante esta sentencia». El concejal del PP, José Antonio López, defendió que esta fórmula laboral se estaba realizando de hace varios años y que «no es un mal sistema de contratación».
Villanueva manifestó la «sorpresa» que ha causado al equipo de gobierno el haber recibido «en siete meses» dos sentencias judiciales desfavorables. El consistorio deberá abonar cerca de 80.000 euros a la empresa que ejecutó las obras de la Carrassa de Mon Rossí por un atraso en el pago de las dos últimas certificaciones.
