El Ayuntamiento de la Vall d'Uixó aprobará en breve la modificación de la ordenanza reguladora de la tenencia de animales de compañía, que endurecerá las sanciones por lo recoger los excrementos de la vía pública. Así, la sanción mínima pasará de los 30 euros actuales a los 600 euros por una primera denuncia.
El concejal de Policía, Javier Ferreres, explicó ayer que se establecerá un régimen «progresivo de sanciones para evitar la reincidencia». Así, la segunda denuncia al mismo propietario será de 1.200 euros y a partir de la tercera de 2.400 euros.
Además habrá policía de paisano que controlará que se cumpla con la ley. Para el edil son «cantidades elevadas, pero no tienen un afán recaudatorio sino atajar este problema». De hecho, el equipo de gobierno ya inició hace meses una campaña de concienciación «y ahora vamos a pasar a sancionar a las personas que no se comporten con civismo».
Estas acciones responden a «la gravedad de la situación, porque la presencia de deposiciones en la calle es una de las primeras preocupaciones y quejas que los vecinos nos han trasladado en las encuestas de la Policía y en las reuniones de 'Govern al teu barri'», tal y como ha señaló Ferreres.
En este sentido, la concejala de Sanidad, Mayte Díaz, recordó que mantener la vía pública limpia es «trabajo de todos, por salubridad, por higiene y por imagen, porque si queremos ser una ciudad turística no pueda estar llena de excrementos de animal».
La nueva ordenanza también incluirá las normas de uso del parque canino de la Colonia San Antonio, entre las que destaca la obligatoriedad de que las razas peligrosas usen bozal, respetar la vegetación y el mobiliario urbano, mantener siempre las puertas cerradas y no dejar comida en las instalaciones. «Los responsables son los propietarios», reiteró Díaz.
L'Alcora prepara ordenanza
El gobierno de l'Alcora, en coordinación con la Policía Local, está preparando un plan para luchar contra los excrementos de perros en las calles y parques del municipio.
Destacan que «es realmente necesario tomar medidas ante esta problemática, que viene de lejos, y que causa un gran malestar entre los ciudadanos, generando malos olores, falta de higiene y una mala imagen de las calles».
Una de las medidas que se va a llevar a cabo, según adelantan, es implantar la vigilancia de policías locales vestidos de paisano, con el objetivo de descubrir en el acto a las personas que no recogen los excrementos de sus perros, incumpliendo la Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana. Cabe destacar que dicha ordenanza contempla sanciones para este tipo de infracción que van desde los 100 hasta los 750 euros.
Otra de las iniciativas que se está estudiando y que tiene «probabilidades de ponerse en marcha» es tomar muestras de ADN a los perros del municipio- creando un banco de datos canino- para poder identificar y pedir responsabilidades a los dueños que no recogen las heces.
