La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido la decisión de la juez de Vigilancia Penitenciaria número 3 de Madrid de conceder la progresión al tercer grado del expresidente provincial del PP y de la Diputación de Castelló Carlos Fabra porque debe a la Hacienda Pública «cantidades de dinero derivadas tanto de la responsabilidad civil como de la multa impuesta» en su condena. La juez que ha otorgado el régimen de semilibertad al expresidente de la diputación valoró que éste haya abonado 729.672,70 euros, aunque le queda todavía por pagar una cantidad similar.
En una nota de prensa, el Ministerio Público aclaró ayer que ha presentado recurso en apelación directa ante la Audiencia Provincial de Castelló. Fabra consiguió el pasado lunes el tercer grado penitenciario, un año y casi cinco meses después de ingresar en la prisión madrileña de Aranjuez, y abandonó la prisión durante el fin de semana.
En su recurso de apelación, la Fiscalía solicita al tribunal la revocación del tercer grado otorgado a Carlos Fabra, quien actualmente cumple condena en la cárcel de Aranjuez. La decisión de la juez de vigilancia se produjo en contra del criterio de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y de la Junta de Tratamiento de la cárcel. La concesión del tercer grado supone que Fabra sólo tenga que acudir a la cárcel (o, más probablemente, a un centro de inserción social) para pasar la noche de lunes a viernes.
La Audiencia de Castelló condenó a Fabra, en noviembre de 2013, a cuatro años de prisión por cuatro delitos contra la Hacienda Pública, a una multa de 693.074,33 euros y a indemnizar a Hacienda con la misma cantidad por el total de la cuantía defraudada durante los ejercicios 1999, 2000, 2002 y 2003 más intereses legales.
La sala apreció la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas. La petición de cárcel para Fabra por parte de Fiscalía llegó a alcanzar los 13 años de prisión, una multa de 1,98 millones de euros y una indemnización de 693.000 euros. Sin embargo, la sentencia le absolvía de los delitos de tráfico de influencias y cohecho.
Carlos Fabra ingresó en la prisión madrileña de Aranjuez el 1 de diciembre de 2014, diez días después de que el Gobierno acordara denegar la petición de indulto solicitada por el exdirigente 'popular', quien presentó la petición a finales de agosto ante el Ministerio de Justicia tras la confirmación por el Tribunal Supremo de la sentencia que le condenaba.
Ingresó en prisión tras un juicio y una sentencia que en noviembre de 2013 puso fin a un auténtico 'maratón' judicial, cuya instrucción se prolongó a lo largo de una década y de multitud de cambios en el juzgado de Nules encargado de la causa, por el que pasaron hasta nueve jueces.
El origen del proceso se sitúa en diciembre de 2003, cuando el empresario Vicente Vilar, propietario de la firma Naranjax y hasta entonces amigo de Fabra, presentó dos querellas en los juzgados de Nules en las que acusaba al expresidente de la Diputación de cobrarle dinero a cambio de favorecer a su empresa en la comercialización de productos fitosanitarios. A esta denuncia, en 2005, se sumó otra de la Agencia Tributaria por fraude fiscal, que el juzgado anexionó al proceso.
