El paro ha bajado en 6.000 personas en el último año y el tejido empresarial ha generado cerca de 400 nuevos negocios en Castelló, mientras la Comunitat Valenciana lidera el incremento del Producto Interior Bruto en España. Sin embargo, estas cifras económicas no tienen traslación en la realidad social ya que, según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, los desahucios siguen creciendo pese a la mejora económica. Los embargos y la temporalidad laboral, que representa casi el 90 % de los contratos firmados este año, lastran la recuperación en la provincia.
El balance del Poder Judicial señala que en 2015 se produjeron 1.186 lanzamientos (ejecuciones hipotecarias materializadas) en la provincia de Castelló, lo que supone un 2 % más que en 2014 (con 1.160 ). Esto casos se refieren a hipotecas, y la PAH de Castelló advierte que en los próximos meses se prevén más desahucios por impagos de alquileres. Entre junio y julio se esperan dos en la capital de la Plana.
Este empeoramiento de los desahucios contrasta con las cifras del paro, que en 2015 registraron una mejoría y frenaron las sangría de los ejercicios precedentes. En este sentido, los sindicatos esgrimen que esta recuperación del empleo es muy endeble, lamentan que la mayoría de los contratos son temporales y señalan que el descenso del paro es insuficiente para compensar el alza de los parados que han dejado de cobrar la prestación por desempleo.
Según las estadísticas del Ministerio de Trabajo, Castelló cerró abril con 50.305 desocupados. Es un 11 % menos respecto a abril de 2014 y estos números se quedan lejos de los 65.000 que rozó Castelló en el punto álgido de la crisis, pero más de la mitad de los mismos ya no recibe ningún subsidio. Concretamente, 26.000 castellonenses son parados de larga duración y han dejado de percibir la prestación, es decir, no tienen ningún ingreso mensual, de ahí que los desahucios mantengan su tendencia alcista.
Además, de los 24.305 parados que reciben una retribución pública, sólo 8.628 disponen de unos ingresos en condiciones con una prestación contributiva; 12.067 sólo cuentan con un subsidio, 3.311 se limitan a poco más de los 400 euros de la renta activa de inserción, y 299 forman parte de programas de empleo.
En materia de vivienda, sólo Castelló tiene una lista de demanda de 100 personas.
Los sindicatos denuncian que la reforma laboral y la política de ajustes públicos han generado asalariados «pobres» con sueldos que no les permiten llegar a final de mes. El informe publicado el viernes por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) indica que tres millones de españoles han dejado de ser clase media durante los años de la crisis económica. Hace diez años, un 59 % de la población se situaba en niveles de renta intermedia (entre el 75 % y el 200 %), mientras a estas alturas la clase media ha descendido al 32 % y la baja ha incrementado hasta el 39 %.
El 1 de mayo, UGT y Comisiones Obreras se manifestaron bajo el lema «Contra la pobreza salarial y social. Trabajo y derechos». Exigieron «un cambio en la política económica de Europa y España y acabar con los recortes y ajustes». El director del informe del BBVA considera que para disminuir la desigualdad hay que rebajar el «peso de los empleos precarios y estrechar el abanico de ingresos que se observa dentro del heterogéneo colectivo de los autónomos».
