Definitivamente, la Generalitat y la Diputación de Castelló no se entienden (o no se quieren entender). El anuncio que realizó anteayer el jefe del Consell, Ximo Puig, de un nuevo Plan de Empleo Conjunto, al que pretende que se sumen las tres diputaciones, llegó apenas nueve días después de que la institución castellonense diera de baja la partida de 500.000 euros que tenía presupuestada para destinar los fondos a otros proyectos. La directora general de Empleo, Rocío Briones, manifestó ayer a este diario que la diputación canceló la partida a sabiendas de que el Plan de Empleo estaba a punto de salir porque así se lo había trasladado en conversaciones previas.
Durante la sesión de control parlamentaria del jueves, Ximo Puig reveló la puesta en marcha de un un plan de empleo dotado con 28 millones que se gestionará con los ayuntamientos y las tres diputaciones provinciales. Los municipios no aportarán fondos, mientras que abrió la puerta a que las diputaciones colaboren aportando 5 de los 28 millones previstos.
El anuncio de Puig es llamativo porque en el pleno extraordinario de la diputación celebrado el pasado 3 de mayo, el gobierno popular llevó una modificación presupuestaria que, entre otras cosas, dio de baja la partida de 500.000 euros prevista para el Plan de Empleo Conjunto. El ejecutivo de Moliner justificó la cancelación de este proyecto en la negativa del Consell a activar un nuevo programa de empleo, de ahí que optara por destinar los fondos a otros conceptos, principalmente a convenios singulares con ayuntamientos.El diputado provincial de Promoción Económica, Salvador Aguilella, dijo ayer haberse enterado por la prensa del anuncio de Ximo Puig. «Esperaremos a que el Consell dote de contenido y de presupuesto lo antes posible con la voluntad de que sea un Plan de Empleo Conjunto de las administraciones valencianas para que todos podamos sumar esfuerzos y coordinarnos», aseveró.
Sin embargo, el gobierno valenciano desmintió a la diputación al revelar que estaba al tanto del nuevo plan. La directora general de Empleo, Rocío Briones, explicó a este diario que el pasado 4 marzo convocó a una reunión a las tres diputaciones y que por la de Castelló acudió, precisamente, Aguilella. «Sabían que el Servef estaba trabajando en una propuesta mejorada de los anteriores planes de empleo. De hecho, el diputado de Castelló me confirmó que disponían de una partida de 500.000 euros en el presupuesto de este año», explicó. La responsable de la Generalitat también reveló que, antes de que Puig anunciara en las Corts la iniciativa, ella misma telefoneó a Aguilella para informarle «pero no me contestó ni me ha devuelto la llamada».
«Es mucha casualidad»
Rocío Briones aseguró que «es mucha casualidad» que la diputación cancelara la partida de 500.000 euros «cuando sabía perfectamente que era cuestión de días la presentación del nuevo plan». Y añadió: «Si la Diputación de Castelló no quiere participar en este programa, al que no le podemos obligar, ello supondrá que los ayuntamientos de esa provincia dispondrán de menos recursos».
Por su parte, en su nota, el gobierno de la diputación no hizo ninguna alusión a la partida que canceló hace unos días. Manifestó que la creación de un Plan de Empleo Conjunto, dotado con 1,2 millones de euros, «fue una de las cinco principales peticiones realizadas por Javier Moliner al president Ximo Puig en su primer encuentro de trabajo hace ahora ocho meses». «Desde entonces hasta ahora no hemos dejado de presentar mociones en el Pleno y solicitar una respuesta a la Generalitat, y no hemos obtenido nada», aseveró Salvador Aguilella. El diputado añadió que en los presupuestos de la diputación para 2016, «un total de 18,3 millones de euros se están destinando ya a políticas activas de empleo y que repercutirán en la creación y mantenimiento de 4.900 puestos de trabajo en 2016». Habrá que ver ahora si la diputación acepta incorporarse al Plan de Empleo Conjunto.
Programa para jóvenes y parados de larga duración
El objetivo del nuevo programa es sufragar el sueldo de desempleados de larga duración sin ingresos y de jóvenes menores de treinta años sin experiencia que sean contratados en los ayuntamientos para ejecutar obras o servicios de interés general. Los contratos serán de un mínimo de tres meses para parados de larga duración y de seis meses en el caso de los jóvenes, mientras que serán de un mínimo de treinta horas y los salarios no podrán ser inferiores al salario mínimo.
