Tras ocho años de lucha contra la administración, una vecina de Almassora ha logrado que la Generalitat reconozca una pensión de manutención para sus dos hijos discapacitados. Los tribunales han forzado al Consell a activar el Fondo de Garantía de Pensiones por Alimentos, aprobado y publicitado en 2003 pero que nunca se dotó presupuestariamente. La demandante espera que la concesión de las ayudas sea rápida.
Pilar Quintana es madre de un chico y una chica con una discapacidad psíquica del 79% y del 85%, respectivamente. Su exmarido se declaró insolvente y no aporta dinero para la manutención de los hijos. Con un trabajo discontinuo, una humilde pensión de la Seguridad Social y la losa de la hipoteca de la casa, a duras penas ha podido sacar adelante a los suyos.
Un abogado amigo brindó a Pilar la posibilidad de acogerse al decreto de 2003 de la Generalitat por el que se creó el Fondo de Garantía de Pensiones por Alimentos, cuya finalidad es atender situaciones de necesidad económica derivadas del impago de la pensión tras procesos de separación o divorcio. En este caso, se daba el agravante de que los dos hijos padecen importantes limitaciones psíquicas, complicadas por una anomalía muscular. La sorpresa llegó cuando en los servicios territoriales de la conselleria le explicaron que el decreto estaba aprobado pero que el fondo no disponía de dotación presupuestaria. «Me dijeron que yo era la primera que pedía la ayuda en toda la Comunitat Valenciana y que no había dinero», recuerda Pilar Quintana, quien reclamó casi 50.000 euros, que es el cálculo de lo de lo que el exmarido no aportó en diez años (entre alimentos, médicos y ropa).
Tras meses de espera, la mujer pidió amparo al Síndic de Greuges, que preguntó por el tema. La Generalitat tuvo que reconocer que Pilar cumplía con los requisitos exigidos por el decreto para beneficiarse del Fondo de Garantías de Pensiones por Alimentos. Sin embargo, no le concedió la ayuda.
Tras agotar la vía administrativa, esta vecina de Almassora acudió en 2010 a los tribunales, que le dieron la razón a los dos años. Sin embargo, la Generalitat apeló ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) autonómico, pidiendo que revocara la sentencia para «no contribuir al incremento del déficit público y no perjudicara la Hacienda pública», según hizo contar en su recurso. «Con todo el despilfarro que ha habido y decían que con mi petición iba a aumentar el déficit», se queja Pilar Quintana.
Finalmente, el TSJ desestimó el recurso de la Generalitat, obligando a ésta a cumplir la sentencia. La mujer recibió recientemente un comunicado de Presidencia en el que informa del inicio de los trámites para el pago. La Conselleria de Igualdad y Políticas Sociales ha de determinar la cantidad que va a percibir como anticipo del Fondo. Por su parte, la Conselleria de Hacienda concretará la entidad financiera a la que ha de dirigirse. La Generalitat señala en su escrito que en el presupuesto vigente no hay consignación para el programa ni se ha suscrito ningún acuerdo con bancos para que anticipen las ayudas.
Pilar Quintana lamenta la lentitud del proceso. «Cuando se aprueba un decreto lo que hay que hacer es cumplirlo. Lo que no puede ser es que los políticos se cuelguen la medalla y luego metan el plan en un cajón», sentencia.
