El Instituto de Fomento y Formación Empresarial de Castelló, la filial de la Confederación Provincial de Empresarios (CEC) que investiga un juzgado de Nules por presuntamente no justificar debidamente unas ayudas públicas de 120.987 euros, operó al margen de la contabilidad de la patronal castellonense. Era una sociedad limitada creada por la CEC pero que funcionaba de manera autónoma. Su supervisión corría a cargo de su consejero delegado, el secretario general de la patronal, Rafael Montero, explicaron a este diario diversos directivos de la junta directiva de la organización empresarial.
Esta entidad es investigada por presuntos delitos por falsedad documental y fraude en subvenciones por cobrar las citadas ayudas de 120.000 euros para cursos de formación que, según un informe del Servef, no fueron acreditadas. El juez, tal como avanzó ayer Levante de Castelló, indaga ahora como consecuencia de esta denuncia 25 extracciones bancarias por un valor de medio millón del Instituto de Fomento y Formación Profesional. Estos movimientos hallados por los investigadores dejaron vacía la contabilidad de esta sociedad en 2011.
La situación de las cuentas de este centro de formación es una incógnita para la junta directiva de la CEC, ya que actuó como una sociedad limitada de forma independiente a la patronal. La CEC constituyó la SL en 1995 para impulsar a través de la misma algunos de los cursos de formación conveniados con la Generalitat y sus cuentas se tramitaban aparte del balance contable de la CEC. La asociación empresarial era el único titular del Instituto de Fomento, al cual subcontrataba para desarrollar cursos de formación que eran financiados con dinero del Consell, indicaron desde la junta de la CEC, que subrayaron que la SL se generó para conseguir deducciones del IVA en gastos relacionados con los cursos. La formación está exenta pero no la luz, el alquiler o el material, por ejemplo, pero desde la cúpula de la patronal lamentan la falta de transparencia del consejero delegado del Instituto, Rafael Montero.
Destacan que el también secretario general de la CEC ha eludido informar a su junta directiva de la situación financiera de la entidad de formación. Además, esta sociedad, que cesó su actividad hace un par de años, según las mismas fuentes, presento por última vez sus cuentas en el registro mercantil en 1999. Así, la junta directiva de la CEC sólo podía conocerlas si las publicitaba Montero, cosa que, afirman varios dirigentes consultados, nunca sucedió. El juez intenta saber ahora por qué la entidad fue vaciada a través de 25 extracciones similares, con cantidades de entre 22.000 y 24.000 euro.
El titular del juzgado de instrucción número 1 de Nules reclamó en diciembre al Servef toda la documentación relativa a las ayudas concedidas al Instituto de Fomento y Formación. En julio de 2014, el Consell había solicitado a la CEC los justificantes de subvenciones por 120.000 euros. Este importe forma parte de una segunda fase de la investigación. Además de la filial de la patronal, el juez analiza otro presunto fraude de 400.000 euros concedidos para cursos de formación que la Confederación de Empresarios encargó a varias academias de la Vall d'Uixó y que, según Hacienda, no se habrían organizado.
El entorno del presidente de la patronal, José Roca, y el secretario general, Rafael Montero, asegura que estos cursos sí se llevaron a cabo y circunscriben la investigación a un malentendido fiscal.
