El portavoz del Partido Popular en la Vall d'Uixó, Óscar Clavell, no declarará hoy como estaba previsto en la comisión de investigación sobre el caso de los nichos vacíos, dado que ayer se presentó por registro de entrada del ayuntamiento una instancia del funcionario instructor del expediente «pidiendo retirarse», como confirmó el primer teniente de alcalde, Antoni Llorente.
Esta nueva circunstancia ha modificado los planes del equipo de gobierno, que tenía previsto cerrar la investigación esta misma semana y tramitar toda la información recabada para que se estudie qué implicaciones legales tienen los decisiones tomadas. Sin embargo, como advirtió Antoni Llorente, se cuenta con «fundamentos muy claros» como para «acudir a la Fiscalía sin contar con la declaración de Óscar Clavell», a quien se citó para darle la oportunidad de explicarse.
Para el portavoz del equipo de gobierno, la presentación de la denuncia ante Fiscalía por parte del PP «no es más que una estrategia para alargar, enredar y no dar explicaciones sobre el contenido de los hechos» y calificó la situación de «esperpéntica», convencido de que, aunque en parte «han conseguido lo que querían», su denuncia «lo que prueba es que algo hay, por lo que nos parece muy mala estrategia si lo que querían era que dejara de hablarse del tema antes de las elecciones».
Sobre los argumentos que ha planteado el instructor de la comisión de investigación para renunciar, Antoni Llorente señaló que «no he podido hablar con él, pero imagino que tendrá sus razones, porque se le acusa muy directamente por las actuaciones que ha podido tener».
Estudiar no aceptar la renuncia
De cualquier modo, el edil avanzó que «tenemos que estudiar el tema en la Junta de Gobierno del próximo lunes, porque cabe la posibilidad de que no se acepte su renuncia», entre otras opciones. De hecho, en la misma Junta podría plantearse prescindir de la declaración de Clavell, alcalde en el momento en que se produjeron las supuestas irregularidades, «porque no es obligatorio, aunque quisimos que todos tuvieran voz», pero la estrategia a la que ha recurrido el PP, desde su punto de vista, daría motivos para cerrar el expediente con las pruebas que ya se han recabado.
Antoni Llorente afirmó que tras la investigación se ha confirmado «que las irregularidades existen, aunque no sabemos qué tipo de delito se habrá cometido», eso lo deberá precisar el fiscal. Con todo, se entiende que estaría probado que se ha vulnerado la ley al falsificar un documento público añadiendo un nombre falso, así como colocando una lápida con ese mismo nombre para ocultar que el nicho en cuestión está vacío para beneficiar a terceros. Llorente no negó que la investigación pueda llegar a implicar a los trabajadores municipales que «sabiendo que lo que se estaba haciendo no estaba bien, acabaron haciéndolo porque les habían dado esa orden», a su parecer «el propio funcionario debería de ser el que denunciara los hechos».
