La alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, defendió ayer la legalidad de los contratos que el consistorio formalizó con la empresa Coordinadora Gestión de Ingresos (CGI), que está siendo investigada en la trama Térmyca. Marqués reiteró que la intervención de tres agentes de la policía judicial el pasado martes durante cuatro horas fue «una mera solicitud de información». La policía requirió documentación referente a CGI, mercantil con que el consistorio ha firmado dos contratos desde 2009 por el servicio de recaudación de impuestos.
Susana Marqués compareció ante los medios junto al edil de Hacienda Arturo Martí y los portavoces del PSPV, Miguel Alcalde, y de Ciudadanos Cristina Fernández, tras la junta de portavoces convocada para tratar este asunto. Marqués remarcó que «no se ha producido ningún registro ni se ha intervenido ningún despacho. No se ha investigado a ningún funcionario ni a ningún político» y lamentó que «se haya querido convertir un requerimiento de la policía judicial en un caso de corrupción».
Los agentes de la policía judicial requirieron información de cuatro empresas vinculadas con la trama Térmyca, de las que el consistorio únicamente tenía relación contractual con una de ellas. En concreto, se formalizaron dos contratos en los últimos años con CGI. Los funcionarios les aportaron fotocopias de la información solicitada. En total, se llevaron seis bolsas con documentos. El primero de ellos se adjudicó en 2009, con el anterior equipo de gobierno, por cuatro años. En la legislatura pasada se aprobaron dos prórrogas anuales.
El segundo contrato, también adjudicado a CGI, se licitó en diciembre de 2015 y entró en vigor en marzo de 2016. Susana Marqués informó que el consistorio todavía no ha abonado ninguna factura de este segundo contrato. Los dos contratos y una de las prórrogas se ratificaron por junta de gobierno, mientras que otra de las prórrogas pasó por pleno. «Los contratos se aprueban por pleno o por junta de gobierno en función de la cuantía y la duración. Es la secretaría jurídica quien lo determina», dijo Marqués.
Oferta más económica
CGI presentó una oferta económica de 121 euros por el servicio de recaudación voluntaria en el contrato de 2015, mientras que las otras tres aspirantes ofertaron 36.000, 280.000 y 210.000 euros, respectivamente. «Está totalmente validado. No dudamos del trabajo de revisión de las ofertas. Está dentro de la normalidad y cuenta con todos los informes favorables», indicó la alcaldesa. El edil Arturo Martí señaló que, el hecho de haber gestionado este servicio en los seis años anteriores, les puede permitir «compensar» esta oferta con la previsión de ingresos posterior.
Sobre la gestión anterior de CGI con el Ayuntamiento de Benicàssim, la alcaldesa destacó que «de la memoria anual del departamento de recaudación no se desprende ninguna observación significativa a la hora cuestionar que esta empresa se pueda presentar a una licitación». Para Marqués, «el trabajo y contratación municipal es transparente y legal. Todos los servicios y facturas son escrupulosamente fiscalizados y contrastados».
Por su parte, el socialista Miguel Alcalde indicó que «hemos revisado los expedientes de contratación de 2009 y 2015 y son correctos. La facturación que se ha hecho es correcta. No hay facturas extraordinarias fuera de contrato», por lo que defendió su «lealtad al actual y al anterior equipo de gobierno en el que participaba mi partido. El consistorio ha actuado en este tipo de contratos perfectísimamente».
Cristina Fernández de Ciudadanos dijo que su grupo está «seguro de que las actuaciones de los técnicos han sido las correctas».
