15 de julio de 2016
15.07.2016

La Vall d'Uixó asesora a los afectados por los trabajos sociales

El concejal de Servicios Sociales recuerda que todos recibirán notificaciones de la Seguridad Social

15.07.2016 | 00:47

El ayuntamiento de la Vall d'Uixó inició ayer por la tarde las reuniones con los vecinos afectados por la medida adoptada en la anterior legislatura de obligar a las personas que recibían ayudas sociales a realizar trabajos de interés público. Estas reuniones han estado motivadas por la «inquietud manifestada por los afectados que están empezando a recibir las notificaciones de la Seguridad Social informándoles sobre que el ayuntamiento les ha cotizado por el tiempo trabajado», explicó Antoni Llorente, concejal de Servicios Sociales.

Los encuentros informativos se irán desarrollando paulatinamente, dado que se convocan a pequeños grupos de personas en cada uno de ellos, «no hay que olvidar que son más de 500 usuarios de Servicios Sociales los que se vieron afectados». En las reuniones se les explicará, entre otras cosas, que la cotización por el tiempo trabajado «no será incompatible con las ayudas que recibieran en su día», tal y como le aseguró la Inspección de Trabajo al ayuntamiento tras manifestar esta inquietud.

Cabe recordar que el consistorio fue objeto de una inspección tras la denuncia presentada por el sindicato CCOO, que entendió que el anterior equipo de gobierno del Partido Popular, estaba aprovechando esta medida para realizar «contrataciones encubiertas». Tras la intervención de Trabajo se confirmó esta tesis y se informó al ayuntamiento de que tenía que formalizar la situación de todas esas personas. Para ello el consistorio deberá pagar las cotizaciones por el tiempo trabajado de los 550 usuarios de Servicios Sociales que «se vieron obligados a realizar diferentes tareas si querían recibir las ayudas municipales», como recordó en su día Llorente. Esta cantidad rondaría los 150.000 euros.

Con estas reuniones se pretende culminar un trabajo que se inició tras recibir la primer notificación de la Inspección de Trabajo, que ya indicaba la obligatoriedad de cotizar por los trabajos prestados. En aquel momento, la principal preocupación del equipo de gobierno estribaba en la posibilidad de que algunos de los supuestos beneficiaros de este proyecto, perdieran el derecho a recibir determinadas ayudas oficiales vinculadas con la situación de desempleado. Solventada esta problemática, el paso definitivo se producirá cuando el ayuntamiento haga efectivo el pago de las cotizaciones, aunque Antoni Llorente aseguró que «no es un trabajo sencillo».

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