26 de julio de 2016
26.07.2016

La renuncia de los tres vicepresidentes de la patronal de Castelló arrastra a Roca

El exdirigente de la CEC se ve obligado a dimitir antes de la reunión de la junta a la que asistió el presidente de la Cierval tras dejarlo solo su directiva

26.07.2016 | 17:05
La renuncia de los tres vicepresidentes de la patronal de Castelló arrastra a Roca

La organización pone fin a 29 años de Roca y reclama el impulso de un modelo «más empresarial y austero» que garantice su supervivencia

José Roca renunció ayer a la presidencia de la Confederación de Empresarios de Castelló tras 29 años. Sus tres vicepresidentes le anunciaron por la mañana su dimisión por discrepancias con su gestión y, tras quedarse solo, no tuvo más remedio que abandonar. La causa judicial por un presunto fraude en subvenciones públicas a cursos de formación y la grave situación económica de la patronal han sido dos losas demasiado pesadas para el ya exdirigente provincial.

Los tres vicepresidentes de la CEC: Fermín Renau (construcción), Carmelo Martínez (transporte) y Cristóbal Bellés (Cepymec) forzaron la marcha de Roca en una reunión que mantuvieron con él poco antes de celebrarse el comité y la junta directiva de la CEC. Los tres le trasladaron su cese irrevocable por desavenencias. Roca pretendía continuar en el cargo y confiaba en validar ayer los presupuestos anuales y el plan de viabilidad 2016-2020, pero en el encuentro con los vicepresidentes constató su soledad y la magnitud de la rebelión interna, que ha venido relatando en solitario en estos últimos meses Levante de Castelló. Ante esta tesitura, el histórico dirigente cedió y asumió su marcha para hacer ver en la junta directiva posterior que la dimisión era conjunta. El secretario general, Rafael Montero, rechazó seguir los pasos de Roca aduciendo que su puesto no es electo como el del presidente y vinculó su futuro al próximo presidente de la CEC.

La dimisión de Roca y su equipo pilló por sorpresa a la junta y a los presidentes de la patronal autonómica (Cierval), José Vicente González, y de la provincial de Valencia (CEV), Salvador Navarro, quienes acudían a Castelló para explicar su plan de refundación, que prevé una pérdida de peso de las provinciales de Alicante y Castelló. Desde Cierval se esperaba un relevo en la patronal de Castelló desde hacía tiempo pero ni por asomo se pensaba que se iban a precipitar ayer los acontecimientos.

Roca, que confirmó su marcha en la junta, inició su cuenta atrás el pasado 16 de mayo cuando dimitió de una de la cuatro vicepresidencias de la CEC el representante de Ascer, Miguel González, quien en una carta reprochó una falta de transparencia en la gestión de Roca y su mano derecha, Rafael Montero. Los tres vicepresidentes también le mostraron su oposición y le conminaron a delegar la presidencia, mientras en junio dejó la CEC el tesorero, Juan Manual Suárez. Roca se aferró en el puesto porque, según señalaba a su entorno, quería defender su honestidad en el caso judicial de los cursos de formación, que investiga el destino de más de medio millón de euros en subvenciones del Consell para cursos de formación promovidos por la CEC. También proyectó ante el empresariado de la provincia la presunta existencia de una operación de acoso y derribo contra su persona orquestada por la patronal autonómica con el objetivo último de mermar el poder de Castelló.

Pero la contestación no estaba en Valencia sino en Castelló. A la mayoría de empresarios ya no le convencían sus explicaciones y estimaron que su continuidad minaba las reivindicaciones de Castelló frente a los anhelos de Valencia de reforzar el organigrama autonómico en detrimento de las patronales provinciales. Las federaciones sectoriales de la CEC tildaban de inviable el presupuesto de 2016 al prever un desfase entre ingresos y gastos de 400.000 euros. La junta eludió ayer aprobar las cuentas de 2016 y el plan de viabilidad.

José Roca, con 78 años, deja las riendas de la patronal de Castelló con una deuda financiera de 600.000 euros, otra de medio millón de euros con la Cierval y con otros 1,2 millones pendientes de cobro en ayudas por cursos de formación que la Generalitat tiene retenidos.

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