La Confederación de Empresarios de Castelló ha sufrido la peor semana de sus 37 años de vida. El lunes dimitió José Roca de la presidencia tras 29 años obligado por sus vicepresidentes por la situación económica de la entidad, y el viernes el juzgado de instrucción número 5 de Nules procesó al secretario general, Rafael General, al directivo José Antonio Espejo; a la patronal castellonense y a Cierval por un presunto fraude de 1,8 millones de euros en cursos de formación de 2009 y 2010 que, según el auto judicial, no constan su realización.
Las supuestas irregularidades han sido el detonante de la crisis en la CEC y explican en buena parte sus problemas financieros que han provocado la marcha de Roca.
La investigación judicial saltó a la palestra en agosto de 2015 cuando Levante de Castelló avanzó en exclusiva que la fiscalía anticorrupción había presentado una denuncia por un presunto desfalco en ayudas públicas dirigidas a unos cursos de formación de la CEC cuyas facturas no acreditaban su realización y que derivó en la apertura de diligencias penales por parte del juzgado de Nules.
Estas informaciones causaron la primera grieta de renombre en los cimientos de la CEC. José Roca y Rafael Montero, dirigentes de la patronal durante casi tres décadas, justificaron que el asunto investigado tenía que ver con una mera disfunción tributaria de las academias privadas con las que había concertado para llevar a cabo los módulos formativos.
Pero el empresariado empezó a desconfiar de la gestión de ambos al comprobar una «preocupante» «falta de transparencia», según señalaron desde la patronal.
Al mismo tiempo, Cierval rompía relaciones con Roca y Montero, molesta por tener que adelantar 600.000 euros al Consell de los cursos de la CEC ante la falta de fondos de esta última.
La salud financiera de la patronal castellonense entró en barrena hasta que en mayo de este año uno de los cuatro vicepresidentes -proveniente del azulejo- dijo basta y dimitió esgrimiendo como principal razón la opacidad de las cuentas presentadas por Roca y Montero. Su renuncia, avanzada también por este diario, puso al descubierto unas divergencias internas sin precedentes y reveló la complicada situación económica de la CEC, con una deuda de 1,5 millones de euros.
Los tres vicepresidentes restantes y la junta directiva presionaron a Roca para que impulsara un cambio de rumbo, pero el ya expresidente y Montero se resistieron y a través de otro medio de comunicación intentaban proyectar una fortaleza que estaba muy lejos de la realidad. Los vicepresidentes de la patronal presentaron el lunes su dimisión y obligaron a Roca a decir adiós.
Montero, al que se le considera el verdadero factótum de la CEC, se negó a seguir los pasos de Roca. El viernes, un día después de constituirse la nueva gestora, el titular del juzgado número cinco de Nules hizo público el procesamiento de Montero, del directivo, José Antonio Espejo, además de la CEC y Cierval. El magistrado sostiene que hay indicios de que Montero y Espejo «se concertaron» con cuatro empresarios que supuestamente debían organizar los cursos de formación para «beneficiarse económicamente» de la subvención pública vinculada a los mismos.
Roca, tras renunciar al cargo, ha quedado exculpado. La patronal medita ahora despedir a Montero de secretario general sin pagar ningún tipo de indemnización por el presunto fraude.
