La alcaldesa de la Vall d'Uixó, Tania Baños, se mostró ayer contundente a la hora de calificar la situación municipal de «ingobernabilidad» así como insostenible, como consecuencia de las sentencias en contra que viene acumulando el consistorio como consecuencia de la «nefasta política de personal del Partido Popular», como también defendieron los portavoces del resto de partidos integrados en el tripartito, Antoni Llorente (EU) y Jordi Julià (Compromís).
En lo que llevamos de año las imposiciones económicas impuestas por los jueces alcanzarían los 307.000 euros, pero si se suman todas las resoluciones de los tribunales a este respecto desde el año 2009, la cifra asciende a 627.000 ?. El principal inconveniente, según defendió Baños, es que a estas sentencias se suman las de materia urbanística «y otras que vendrán», que se convierten en cantidades millonarias que descuadran los presupuestos municipales y que, entre otras cosas, estaría afectando directamente a proyectos de legislatura como la ampliación de la plantilla de la Policía Local, que de momento se ha paralizado por este motivo.
La última resolución adversa de la que se ha tenido conocimiento llegó el lunes al ayuntamiento y tiene que ver con el proceso iniciado pro la actual concejala de Urbanismo, Francesca Bartolomé, que en su día fue conserje del Palau de Vivel y que sufrió «la depuración», que según recordó Jordi Julià, anunció en prensa en noviembre de 2007 al asegurar estas medidas afectarían «a los departamentos más intoxicadas».
Disculpas a los votantes del PP
Las acusaciones de los tres portavoces fueron muy duras e iban dirigidas a tres personas en concreto, la actual presidenta del PP regional y ex alcaldesa de la ciudad, Isabel Bonig, la concejala Elena Vicente-Ruiz y el portavoz del GMP y diputado nacional, Óscar Clavell. Los tres coincidieron en «pedir disculpas» a los votantes del Partido Popular «que no merecen unos representantes así», que habrían actuado de manera «sectaria» aireando lo que llegó a calificarse como «una lista negra» que habría afectado directamente a 10 trabajadores municipales.
Desde el equipo de gobierno de la Vall se destaca que las sentencias no solo están lastrando la economía municipal, sino que además están afectando directamente «a las personas que se presentaron libremente a unos procesos selectivos que ahora también han quedado anulados».
Antoni Llorente no dudó en exigir «responsabilidades políticas», sobre todo porque el fundamento de la mayoría de las resoluciones judiciales es el mismo, el Partido Popular decidió en su momento adjudicar las funciones de presidente de los tribunales de selección a un trabajador interino, no un funcionario, lo que los magistrados consideran «ilegal» y a pesar de tener una sentencia de 2010 que así lo precisaba, siguieron recurriendo a él «tendría que explicar con qué intención», defendió Baños.
Precisamente por esta razón el actual equipo de gobierno es consciente de que «todos los juicios en esta materia están perdidos», sin que exista otra alternativa que pagar las indemnizaciones, despedir a los trabajadores que ocupan las plazas afectadas, recolocar a los denunciantes y anular las bolsas de trabajo que hubieran podido crearse en estos procesos.
