Hace un año se antojaba impensable la caída de Rafael Montero en la Confederación de Empresarios de Castelló. Había sido el principal muñidor de la patronal de Castelló en sus casi 30 años al frente de la secretaría general. De su control escapaba incluso el expresidente de la CEC y excompañero de viaje en las tres décadas en la cúpula, José Roca. Ocupó prácticamente todos los cargos de representación que podía asumir; fue secretario general de la Cierval, vicepresidente del Comité Económico y Social de la Comunitat Valenciana, consejero de la Sociedad de Garantía Recíproca, vicepresidente del consejo del puerto de Castelló e integrante del consejo social de la UJI.
De 1979 a 1982 fue gobernador civil de Castelló y de esta etapa se recuerda su defensa a ultranza de la democracia en el golpe del 23F. Al poco tiempo accedió a la CEC, creada en 1979. Roca asumió la presidencia en 1987 y Montero ascendió a la secretaría general a los pocos meses. En los años del «boom inmobiliario», la patronal llegó a su cúspide espoleada por las subvenciones públicas. Con los recortes de la crisis, entró en barrena, pero Roca y Montero mantenían su prestigio.
El empresariado valoraba su dotes de negociador y sus conocimientos de los entresijos de las patronales autonómica y provincial.
En julio de 2015 saltó a la palestra la apertura de diligencias judiciales por parte de un juzgado de Nules por un presunto fraude en ayudas públicas de cursos de formación de más de medio millón de euros, donde se implicaba a Montero y a otro exdirectivo de la CEC. La investigación señalaba que no quedaba acreditada la realización de los citados cursos, que se habían conveniado con academias privadas. La denuncia había partido de la Generalitat dirigida por Alberto Fabra.
A partir de ahí, la patronal empezó desconfiar de Roca y, especialmente, de Montero. El todopoderoso secretario general iniciaba su particular caída a los infiernos. Roca y Montero se defendían presentando su bagaje para hacer frente a los anhelos de la patronal autonómica de absorber las patronales provinciales. Pero en el seno de la organización dejaron de creerle y cuestionaron la falta de transparencia en la gestión.
El pasado mes de mayo, uno de los cuatro vicepresidentes de la CEC -vinculado a la asociación azulejera de Ascer- dijo basta y presentó su dimisión de su cargo alegando la opacidad de Roca y Montero. En las semanas siguientes renunció el tesorero. Roca y Montero se aferraron al cargo, pero en julio, el resto de vicepresidentes forzaron a Roca a dimitir por la negativa situación financiera de la CEC. Montero, según relatan fuentes internas, discrepó de Roca y se resistió a seguir sus pasos. Sostenía que su figura era laboral y pensaba que tras tantos años de servicio conservaba apoyos en la CEC. Su idea inicial era aguantar con la nueva gestora que asumió la dirección y vincular su continuidad al futuro presidente.
Sin embargo, a finales de julio, el juzgado de Nules anunció el procesamiento de Montero en la causa judicial relacionada con los cursos de formación y notificó un demoledor auto, en el que elevó el posible fraude a los 1,8 millones y apuntó indicios de una presunta concertación entre él y otro directivo de la CEC con cuatro empresarios para beneficiarse de las citadas subvenciones públicas.
La patronal lo destituyó el 8 de agosto de la secretaría general pero Montero se agarró a su empleo en la CEC. Pero estaba solo y no tuvo más remedio el miércoles que aceptar su baja sin cobrar indemnización. Desde el entorno de la patronal lamentan que convirtió a la CEC en su cortijo particular.
