La asociación vecinal de Unión de la Marjaleria de Castelló denunció ayer la parálisis urbanística en la que se encuentra la zona. Criticó en un comunicado que en estos momentos los propietarios de la zona no tienen posibilidad de edificar en suelo urbano.
«Desde el consistorio nos trasladan que esta superficie no está desarrollada (carece de un plan de ordenación) y que no es solar», señalaron desde Unión de la Marjaleria, que reiteraron que el ayuntamiento sigue tramitando sanciones y órdenes de derribo.
El ejecutivo local pretende resolver la situación de alegalidad de la Marjaleria en la revisión del Plan General de Ordenación Urbana. Esta problemática se arrastra desde hace años. El plan especial que aprobó el Consell en 2006 no ha logrado regularizar la Marjaleria ya que fue proyectado con parámetros de los tiempos de bonanza. Con la crisis se quedó encallado. De esta forma, las viviendas o reformas llevadas a cabo desde 2006 en suelo no regularizado se consideran ilegales y el ayuntamiento se ve obligado a abrir expedientes de sanciones y órdenes de derribo, aunque por ahora no hay constancia de que se haya materializado ninguna demolición.
Unión de la Marjaleria confiaba en el que el nuevo equipo de gobierno resolviera con prontitud la situación de la zona y que propiciara una especie de amnistía en las edificaciones afectadas mientras se elabora el nuevo Plan General. Pero el consistorio alega que esta posibilidad es inviable desde el punto de vista legal. El colectivo no esconde su malestar con el ejecutivo local. El PGOU estará listo en 2017, aunque de momento se desconoce con exactitud la fórmula urbanística que impulsará el ayuntamiento para salvaguardar las viviendas de la Marjaleria. Ha admitido, no obstante, que no todas las construcciones podrán ser salvadas.
