El alcalde de Vila-real, José Benlloch, se mostró ayer convencido de que cuando finalice el proceso de toma de declaración a los encausados y testigos en el caso de las presuntas facturas falsas de Piaf, podrían verse implicadas más personas, porque «para que un juez cite a 28 personas en dos meses, tiene que haber visto muchos indicios».
Sobre los testigos a los que se tomará declaración las próximas semanas, Benlloch recordó que entre ellos hay concejales que formaban parte del gobierno municipal cuando se produjeron los hechos denunciados, en el periodo 2007-2011, con el equipo de gobierno liderado entonces por el exalcalde popular Juan José Rubert.
«Mientras los acusados tienen derecho a mentir, los testigos tienen la obligación de decir la verdad», indicó el primer edil de Vila-real y, por ello, podría desvelarse la comisión de algún delito.
En cuanto a lo que ha trascendido de lo que dijeron en su defensa los representantes de Piaf ante el juez, el alcalde de Vila-real aseguró ayer que «han seguido el guión típico de todos los casos de corrupción, en los que al principio dicen que no saben nada, cuando hay algún indicio se defienden diciendo 'yo no he sido' y cuando se demuestra el delito acaban afirmando que no sabían lo que hacían». Según Benlloch, los encausados «se encontrarían en la fase de acusar a otros», en este caso estarían haciendo responsables «a sus servicios técnicos». En este sentido, desde la defensa municipal se solicitará al juez llamar a declarar a esos técnicos, para que aclaren los hechos que se les atribuyen.
Con todo, Benlloch señaló que «llama la atención que esta empresa sea la misma que está implicada en las irregularidades del Hospital Provincial, o en el Caso Gürtel, donde ya no se habla de indicios». De hecho, recordó que Alejandro Pons, uno de los que declaró el pasado lunes, está encausado en el juicio de la trama Gürtel y el fiscal pide para él hasta 6 años de prisión. El alcalde de Vila-real desconfía del testimonio de una persona que «ha reconocido que pagó al PP campañas electorales».
No pagar las facturas
Desde los servicios jurídicos del ayuntamiento, según Benlloch, se pretende conseguir que el municipio no tenga que pagar los 600.000 euros de unas facturas que «los informes técnicos demostraron que eran falsas», y en esos mismos informes se fundamentó la decisión de querellarse «contra quienes teníamos claro que estaban implicados en la firma de los endosos», que sería un técnico, el alcalde y los dos administradores de Piaf, pero en la investigación de lo sucedido «queda mucho margen para el juez y el fiscal», de ahí que considere que estos no serán los únicos que deberán responder por lo sucedido.
El alcalde de Vila-real insistió en las razones que le llevaron a presentar la querella, que tendrían que ver con que esta situación «está haciéndole daño a la ciudad» y para adelantarse a la posibilidad de que la empresa presentara un contencioso administrativo contra el consistorio para cobrar las facturas.
