El jefe de sección de Urbanismo del Ayuntamiento de Cabanes declaró ayer por la mañana en la causa que investiga un posible delito de prevaricación administrativa por la externalización de al menos 28 trabajos técnicos a una empresa de Benicàssim entre 2008 y 2013. El funcionario apuntó que la responsabilidad de las adjudicaciones investigadas partía de la alcaldía y que ningún pago fue fraccionado, según indicaron fuentes cercanas al proceso.
El juzgado de instrucción número 4 de Castelló tomó declaración al responsable de Urbanismo de Cabanes, en las diligencias previas del caso que estudia la contratación proyectos de arquitectura a una empresa técnica externa. El trabajador apuntó en su declaración hacia el departamento de Contratación y a los exalcaldes como responsables de las contrataciones, según informaron fuentes cercanas al caso. Además, dijo desconocer la relación entre arquitecto y el dueño de la empresa adjudicataria.
Declaración de 6 investigados
Seis han sido las personas que han declarado en este caso como investigados, figura que sustituye a la imputado. En los últimos veinte meses han prestado declaración los exalcaldes del Partido Popular Artemio Siurana, Francisco Artola y Estrella Borrás, el arquitecto municipal y el responsable de la empresa a la que se externalizaron los trabajos investigados, además del jefe de la sección de Urbanismo. Otros dos funcionarios fueron llamados a declarar como testigos.
La jueza que instruye el caso investiga un posible delito de prevaricación administrativa por la externalización de al menos 28 trabajos a una empresa de arquitectura de Benicàssim. En total, el valor de los estudios asciende casi a 211.000 euros. El juzgado estudia la posible relación que une al arquitecto con el despacho al que se le solicitaron los proyectos.
La investigación partió de una denuncia del concejal Carles Mulet, que la Fiscalía llevó al juzgado de Castelló. «Según las investigaciones iniciadas por la Fiscalía, no se encontró por parte del secretario municipal ninguna causa que justificara la externalización de estas adjudicaciones, cuando podían haber sido realizadas por parte del arquitecto municipal», recordó el denunciante.
