El equipo de gobierno de Castelló da un paso más para frenar los desahucios en la ciudad tras naufragar las negociaciones con las entidades financieras en el primer año de mandato para que cedieran pisos para alquiler social. Ahora incluye cláusulas sociales a la hora de solicitar créditos a las entidades financieras. Ya ha cerrado un primer préstamos con estos criterios, por el que un banco se compromete a no realizar desalojos a personas en riesgo de exclusión.
La portavoz del ejecutivo local, Verònica Ruiz, informó de la contratación de un crédito de siete millones de euros que por primera vez incorpora las citadas cláusulas sociales. Éstas tendrá una valoración de un 50 % en el proceso de adjudicación, mientras las razones económicas bajarán al 50 % frente al 100 % de antes. El primer banco que asume estas condiciones es Caixabanc, que asegura el cumplimiento de la primera de las cuatro cláusulas sociales: «no realizar desalojos derivados de los procedimientos hipotecarios que determinen directamente la pérdida de la vivienda habitual de las personas que se encuentren en situación de riesgo de exclusión social».
Estos requisitos también contemplan la posible regularización de personas en situación de vulnerabilidad que ocupan viviendas de manera ilegal a través de la firma de alquileres, o la puesta a disposición del consistorio de viviendas sociales para un uso social. También valora que la entidad esté acreditada como miembro de alguna asociación de banca ética como FEBEA o Institute for Social Banking.
De las ofertas presentadas a la citada póliza de momento se ha conseguido el compromiso de un banco de no desahuciar.
El ayuntamiento tiene pendiente convencer a los bancos para que cedan pisos sin ocupar en alquiler social. En este caso, las entidades con las que ha conversado el ayuntamiento han sido remisas a ceder vivendas para fines sociales.
Es por ello que el gobierno municipal se ha propuesto activar una bolsa de pisos de alquiler que facilitarían propietarios particulares y que gestionaría el propio ayuntamiento.
A las cláusulas sociales en las licitaciones de créditos municipales y la futura bolsa de viviendas para alquiler hay que añadir en la política antidesahucios la creación de una oficina de vivienda municipal de asesoramiento y los acuerdos con el colegio de procuradores.
Castelló en Moviment había reclamado más celeridad al ejecutivo en esta materia y le había instado a incrementar la presión ante los bancos.
Por otra parte, el Ayuntamiento de Castelló, añadió Ruiz, destinará 8 millones del superávit de 22 millones de 2015 a amortizar deuda. Según la previsión municipal, reseñó Ruiz, el endeudamiento local descenderá a los 65 millones de euros a fina de año, lo que representaría el 40 % del total frente al 110 % que permite ley. El Gobierno obliga a dirigir los superávit a inversiones sostenibles o a la amortización de deuda.
