La fiscalía de Castelló ha archivado las diligencias abiertas por la supuesta desaparición de 42 obras de arte del ayuntamiento al no encontrar posibles indicios penales, pero expone en su autor una gestión caótica del patrimonio municipal de los anteriores gobiernos locales del PP.
«Que la desaparición de las obras relacionadas en el catálogo del Negociado de Patrimonio sea el resultado de un ilícito penal no deja de ser una hipótesis más, una mera presunción. Bien puede tratarse de un extravío o de una falta de rigor en los correspondientes registros, o, simplemente obedezca a la falta de registros», explica en su escrito el fiscal, según fuentes judiciales, En su resolución describe un total desorden en el catálogo artístico municipal. Así, señala que, según el informe que elaboró previamente la Policía Local sobre las obras municipales, las entradas en la Casa de la Cultura no se registraban hasta el 2010, e indica que tampoco «existe la certeza de que el catálogo de obras sobre el que se ha llevado a cabo la investigación de la Policía Local, se ajuste a la realidad, tal como pone de relieve su informe, habiendo sido halladas un total de 28 obras que no figuraban en el mismo». En una de las mismas -escultura de Falomir- agrega que no hay constancia de su titularidad «cuando dificilmente puede pasar desapercibida».
Asimismo, la fiscalía sostiene que el consistorio carece de una «relación exacta de todos los inmuebles que, desde los años 70 al presente, hayan albergado dependencias o servicios municipales».
Gestión interna
No obstante, el ministerio publico argumenta que la desparición de 42 obras denunciada por el actual ejecutivo local es una cuestión de gestión interna del consistorio. Esgrime que hay «un amplio abanico de posibilidades», pero sobre el que no existe indicios de delito. «Bien pudiera tratarse de una apropiación indebida o malversación, en cuyo caso el autor debería ser alguno de los cientos de personas que han prestado sus servicios al ayuntamiento, entre autoridades, funcionarios y cualquier trabajador de empresas que han llevado a cabo sus servicios. Y si tras una investigación pudiera llegarse al esclarecimiento de algún ilícito, seguramente operaría la prescripción», resalta el fiscal. «Nos encontraríamos ante una investigación prospectiva, que rechazada por nuestra jurisprudencia», remarca.
El gobierno municipal proseguirá con el proceso de actualización del catálogo tras el archivo de la fiscalía. Hay 42 obras desaparecidas del inventario local más otras 3oo sin catalogar. Además, denuncia el hallazgo de 60.000 libros hacinados adquiridos por el ayuntamiento con un valor total de 700.000 euros.
